El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses” (art. 137 de la Constitución, al referirse a la Organización Territorial del Estado). “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena…” (art. 140 de la Constitución, al referirse a la Autonomía y democracia municipal).
Estas referencias a la Constitución me las despiertan la lectura en prensa, un mismo día del mes de octubre, cuando textualmente nos ofrecen estas dos informaciones: 1) El tamaño de la Administración local es un lujo. Las fusiones son la solución, siguiendo el perfil de tamaño y ubicación que dictamine un estudio pormenorizado sobre las ventajas e inconvenientes que han surgido en un par de fusiones municipales, tras la crisis económica del 2008… 2) El PSOE ha dado un paso más para la descentralización de organismos públicos fuera de Madrid, no sólo a los de nueva creación, sino también a los ya consolidados.
Por un lado somos partidarios de las fusiones, por otro descentralizamos y/o desmontamos. En el primer caso para ahorrar; en el segundo ya parece que el ahorro e incluso la eficiencia ya importan poco. Si en el punto 1), el motivo de las fusiones es que el gasto público está sobredimensionado y no queda otra que optimizar los recursos que disponemos, en el punto 2), la descentralización, salvo mejor criterio y explicación al respecto, llevaría un aumento del gasto y de ineficiencia, y como ejemplo expongo el Parlamento Europeo, con sus dos sedes, ¿ahorra o gasta? Y ¿es más eficiente con dos sedes o lo sería con una? Delante de tal coyuntura, Neme, que es a veces un poco mal pensado, se pregunta si es que queremos ahorrar a cuenta de los pequeños ayuntamientos, que significaría el chocolate del loro y, sin embargo, cuando se trata de descentralizar la Administración del Estado no reparamos en recursos a mayores; es lo que se dice ser fuertes con los débiles, cuando los pequeños ayuntamientos permiten un vínculo de proximidad con una más fácil relación del ciudadano con la Administración, menos rigidez, etc.
Pero, objetiva y realmente, lo que se nos propone: ¿fusionar ayuntamientos para ahorrar -me imagino para ser también más eficiente- y descentralizar por razones de equidad territorial –también eficiencia y ahorro, digo yo, ya que observo tanta preocupación económica- es bajo el paraguas de estos criterios o existen otros entresijos? ¡Pues está por ver y demostrar! He dicho en más de una ocasión que el proceso de fusiones municipales, como tales, no solucionan nada, ni ahorran; porque las posibles “economías de escala”, que genere la incorporación, serán capitalizadas casi exclusivamente por el ayuntamiento resultante. Y, además, las fusiones, de llevarse a cabo, en muchos casos no ofrecen grandes ventajas, ni siquiera en teoría, ya que cuatro municipios entre mil y dos mil habitantes darían como resultado uno de menos de ocho mil, sobre un territorio enorme y gran dispersión poblacional; la fusión, más que resolver el problema de la dispersión, lo enmascara. Que se lo pregunten hoy a los vecinos de Acevedo do Río, después de ser testigos de la última fusión ourensana con Celanova en el 1968. De aquella, Acevedo aportó a Celanova 1.093 habitantes, dos funcionarios y unas 160.000 pesetas. ¿De qué les valió? Como recogió La Región hace unos años, lo recuerdan con nostalgia, sin que los vecinos hayan notado un cambio…; eso sí “agora temos que coller un taxi e ir ata Celanova para todo”.
Como alternativa a estas descarnadas fusiones existen alternativas: distinguir “gobierno local” y “administración local”; se puede razonar que lo costoso no es tener muchos gobiernos locales de pequeños ayuntamientos, sino que lo inviable económicamente es tener muchas administraciones locales de pequeños ayuntamientos, etc., etc. Y desde la Diputación de Ourense ya se hizo un llamamiento y se ofreció una propuesta, a través del presidente de la Diputación, con las llamadas “fusiones de facto”.
Y a nivel del Estado, por el actual Gobierno, se propone descentralizar, cuando no desmontar. Aunque esto da lugar para otro artículo, no hay que ser muy espabilado para darse cuenta que esta propuesta descentralizadora tiene su coste –engorde en nóminas y empleo público- y la eficiencia de la medida está por ver; o sea, poco importa lo que es gran excusa para llevar a cabo las fusiones. Está claro, hay tajada por el medio, que la paga los Presupuestos generales del Estado, y quedan satisfechos los socios del Gobierno de España. Resumiendo: Fusiones, sí; porque el mapa municipal actual es muy costoso. Descentralización, sí; ya que aun costando más, tenemos contentos a los socios que no creen en el Estado. Ya sabemos algo al respecto: “La descentralización de la Administración del Estado olvida Ourense” (portada de La Región) ¡Viva el vino!
