Pues vaya contraste! Mientras la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) “niega que las eléctricas investigadas incumpliesen la concesión” (La Región, 14 de septiembre), el Gobierno “vigilará que no haya más desembalses…” (La Región, 30 de septiembre).
Tras la reunión en Madrid -a la que asistí representando a la Diputación de Ourense- con el secretario de Estado de Medio Ambiente (Hugo Morán), formando parte de la ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Municipios con Centrales Hidroeléctricas (Femembalses), el fidedigno titular de La Región fue: “El Gobierno vigilará que no haya más desembalses” y continúa informando de que “Medio Ambiente lamentó los daños sociales y económicos producidos” (La Región, página 11, jueves 30 de septiembre). La verdad es que fue una grata y productiva reunión, bajo las premisas de información y transparencia, con el secretario de Estado, el 29 de septiembre.
¡Sí!, información, de la que han carecido los ayuntamientos y territorios afectados por la sobreexplotación de los embalses, el ayuntamiento de los ayuntamientos –Diputación- y me consta que también los grupos ecologistas; yo mismo, en esta sección, ante la ausencia de información, escribí artículos sobre el fenómeno explotador, como “Esquilmados y apaleados”, porque ni se hacía valer la Ley de Aguas en su artículo 55 y, lo más sospechoso, al tiempo que estábamos (aún estamos) pagando un precio desorbitado por la energía eléctrica, resultaba paradójico la esquilma de los recursos naturales, como permitir dejar bajo mínimos a los embalses. ¡Qué broma!, se traen las hidroeléctricas, preguntaba. Estos desbarajustes fueron el motivo, además de la futura gestión de los embalses una vez acabadas las concesiones, de la reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de una representación de la ejecutiva de Femembalses, encabezada por su presidente, Pérez Torrecilla, alcalde socialista de Sacedón, la secretaria general de la ejecutiva y yo mismo.
¡Transparencia!, que dio lugar a salir satisfechos de la cita, como así lo transmitió a los medios la secretaria general de Femembalses (Maite Bardají, alcaldesa), que actuó de portavoz, al manifestar tras la reunión: “La predisposición del Ministerio para atajar este problema, reconociendo que la modificación del artículo 55 de la Ley de aguas el pasado 16 de septiembre, contribuirá a evitar estas situaciones. Nos tranquiliza la implicación del Ministerio… y la creación de una mesa entre Iberdrola y Femembalses, tras los problemas de este verano”. Lo que se evidencia, digo yo, que existió un problema con ese vaciado drástico –algún embalse de la provincia almacenó un 79,30% menos que la media de los últimos 10 años-, del que no se informó el motivo. Quizás no se hayan incumplido los regímenes concesionales, aunque no sabemos cuál es la concesión. Y, además, desde el punto de vista ético, si es que consideran la ética las eléctricas, no se entiende cómo las empresas no tienen relación con los ayuntamientos donde se asientan los embalses y de los que logran suculentos beneficios. Yo, si se diera el caso de ser responsable de alguna de las empresas, no estaría satisfecho con la reputación que transmiten a los ayuntamientos afectados.
Y ahora viene la falta de información y transparencia –descifre usted, querido lector, por parte de quién-, ya que contrasta el comportamiento, la preocupación y el deseo de resolver la situación de sobreexplotación, cuando no esquilmar los embalses en pleno agosto por parte de Medio Ambiente, con las manifestaciones a La Región de la CHMS el 14 de septiembre, al manifestar: El Organismo de cuenca informó de que desde que el pasado 19 de agosto abriese expedientes informativos a las presas “non se detectaron incumprimentos das normas de concesión”; o sea, la CHMS niega que las eléctricas investigadas incumpliesen la concesión. Pues resulta que, el día de la visita al Ministerio, quince días después de las manifestaciones de la CHMS, se nos informa de que aún no había finalizado el expediente informativo, independientemente del resultado final del mismo. Parece como que la Confederación sentencia bastante antes de acabar o ya sabe el resultado antes de finalizar; cuando el Ministerio anuncia que vigilará que no haya más desembalses, lamenta los daños sociales y económicos producidos, la creación de una mesa de diálogo entre Iberdrola y la asociación de embalses y, muy importante, la modificación del artículo 55 de la Ley de Aguas (llevada a cabo el 16 de septiembre). ¡Algo habrá sucedido!, ¿no?
En la sesión plenaria de la Diputación de Ourense del viernes 24 de septiembre, el grupo provincial socialista presentó una propuesta de acuerdo: “Instar ao Goberno de España á constitución dunha entidade pública empresarial con sede social, fiscal e operativa na provincia de Ourense, para a xestión directa das centrais hidroeléctricas localizadas en todo o territorio estatal, cuxa concesión administrativa finalice”. No cabe la menor duda que se trata de una cortina de humo para desviar la atención sobre lo importante: el aumento exponencial del recibo de la luz, aparte que el foro para tal petición es el Congreso de los Diputados. Y, si tenemos en cuenta que la sede de la CHMS está en nuestra provincia, ¿para qué nos ha valido en un tema tan trascendental que causó preocupación y sonrojo, al punto de modificar el apartado de una Ley, si no llamaron ni informaron a los ayuntamientos afectados ni al ayuntamiento de los ayuntamientos –Diputación-; y toda la información recibida y la canalización de nuestras preocupaciones fue a través de Femembalses y el Ministerio, a través del secretario de Estado? Aquí alguien se columpió; es fácil deducirlo.
