Hay que reconocer que, al menos en el ámbito presupuestario, el gobierno de la Xunta de Galicia muestra signos de hacer las cosas bien, que no es lo mismo que estar haciendo lo correcto, en relación con la resistencia del ejecutivo a la supresión de bolsas de gasto burocrático y superfluo que continúan lastrando el arca autonómica. Pero no seamos agoreros.
Supimos que Galicia cumplió con solvencia los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos por el gobierno central para el ejercicio 2018, que se cerró con un superávit de 104 millones de euros (cuando el objetivo era el de un déficit del 0,4%) y con una reducción de su endeudamiento hasta dejarlo en el 18,1% del PIB (cuando el objetivo era el 18,5%).
Los objetivos del ejercicio 2019 establecidos para responder a los requerimientos de la Comisión Europea y que tienen como finalidad evitar las posibles sanciones que pudieran imponerse en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo que tiene abierto España, son más ambiciosos. Establecen un déficit que no supere el 0,10% y un endeudamiento que se sitúe por debajo del 17,9%.
Según el último Observatorio Fiscal y Financiero de las comunidades autónomas publicado en noviembre por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Galicia será una de las seis comunidades (junto con Navarra, Canarias, País Vasco, La Rioja y Baleares) que lograrán cumplir con el objetivo del déficit, a pesar de haber cerrado en septiembre con un déficit del 0,43%. En este dato ha repercutido negativamente la limitación de los recursos disponibles ocasionados por el incumplimiento del gobierno central al dejar de transferir los ingresos correspondientes a las entregas a cuenta actualizadas al ejercicio 2019 y a la liquidación completa del IVA de 2017, todas ellas partidas de ingresos incluidos en el presupuesto de 2019 de la Comunidad Autónoma de Galicia y que el gobierno de Feijoo no debe contemplar otra alternativa que reclamarlos y percibirlos.
El Gobierno central ha confirmado por escrito a la Xunta que sólo pagará 334 millones de euros retenidos desde principios de año a pesar de que se les reclaman, además, otros 200 de una mensualidad del IVA del 2017 y 170 de otras compensaciones, un total de 700 millones. Además, tampoco están garantizados el pago de las mismas partidas para 2020, en tanto no se conforme gobierno y por lo tanto, se aprueben los nuevos presupuestos.
Esto es como la rana de la fábula, que ayuda al escorpión a cruzar el rio bajo promesa de no hacerle daño; a pesar de ello y después de hacer su trabajo, siente el aguijón venenoso que los lleva a los dos a las profundidades -“No he tenido elección; es mi naturaleza”-. Mejor ni fiar, ni fiarse.
