Hago en esta columna alusión al abogado mallorquín Alejandro del Campo (¡larga vida!) quien, cual Goliat, inició lo que parecía una travesía en el desierto al establecer una ofensiva contra la administración tributaria española y su polémico modelo 720. Denunció ante las instituciones europeas el incumplimiento de las obligaciones que los estados miembros deben a la libre circulación de capitales, la vulneración de la exigencia de seguridad jurídica, y la desproporción de las multas que sancionaban su inobservancia. El resultado, un dictamen definitivo de la justicia europea que resultó una enmienda a la totalidad de este controvertido modelo.
Aunque la Constitución española expresa que la administración pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho, lo cierto es que iniciar un procedimiento contra ella puede resultar una insufrible y desdichada manera de amargarse la existencia. Tareas de héroes; héroes sin capa en favor del más débil, del desvalido, y en lucha contra del abuso, la injusticia o la explotación.
No sé si habrá país europeo en el que los ciudadanos se encuentren más vulnerables, inermes e indefensos. Ni administración pública más prepotente e injusta con sus ciudadanos que la española. El desequilibrio en los plazos, la presunción de veracidad, los embargos preventivos, el silencio administrativo o tasas impuestas por litigiar, son claros ejemplos de esta posición de debilidad impuesta al obligado tributario. Por no hablar del ininteligible e intimidador lenguaje que manifiestan en los escritos y requerimientos.
Por eso, cuando alguien con la voluntad y empuje como la de Alejandro del Campo toma la iniciativa para combatir los abusos y salvaguardar los intereses del ciudadano frente a aquél que ostenta el monopolio legal del poder y la violencia, debemos de felicitarle y felicitarnos. En su santa cruzada, estudia ahora llevar a Bruselas el nuevo gravamen sobre las rentas del capital y el ahorro que el gobierno de coalición presentó la semana pasada dentro del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Las rentas del capital y el ahorro que se producen en el extranjero presentan fuertes divergencias entre residentes y no residentes a la hora de tributar por una ganancia patrimonial. En su opinión, se vulnera el principio de igualdad que contempla el artículo 31 de la Constitución y la normativa europea sobre la libre circulación de personas. La diferencia impositiva resultante entre residentes y no residentes, al beneficiar a estos últimos, es una clara invitación a mantener la residencia fuera de España.
Disfruten con salud de lo votado.
