Coincidimos en el detonante financiero y la repercusión y difusión global de la crisis. Pero no es menos cierto, por lo que a nuestro país respecta, que muchas de sus consecuencias han tenido dimensión particular. La demora en la recuperación es un claro ejemplo. En algún momento todavía por determinar -aunque próximo según el último Observatorio PIB del Servicio de Estudios de BBVA- España experimentará un crecimiento trimestral positivo. Cuando eso suceda, por modesta que sea, se habrá convertido en el último gran país europeo -también de la OCDE- en abandonar la recesión. Entretanto, y muy posiblemente a pesar de ello, continuará destruyendo empleo. Lo que nos sitúa ante el segundo gran impacto de connotación diferencial, con una tasa de paro que multiplica por dos la tasa media del mundo desarrollado. El desempleo retrae el consumo de quien se ve directamente afectado y su entorno familiar. Pero también el de los demás, por el temor a terminar compartiendo protagonismo. Compromete sobremanera el presupuesto público, al reducir ingresos e incrementar gastos de manera más que proporcional. Lo que, inevitablemente, deteriora la viabilidad del Estado de Bienestar. Aumenta, además, la tasa de morosidad e inhibe la concesión de crédito de bancos y cajas, ante lo incierto de la capacidad general de pago de la economía. Y, desde el punto de vista empresarial, paraliza proyectos e inversiones, o el lanzamiento de nuevos productos. Y, en consecuencia, reduce plantillas en una espiral de difícil salida.
Sorprende, en este contexto, la ausencia de voluntad para emprender reformas, por impopulares que sean. Lo que refuerza la escasa credibilidad de las que se debaten, entre las que destaca la laboral. El Gobierno ha caído en un pozo en el que se ahogan sus responsabilidades en esta y otras materias, mientras se mantienen a flote justificaciones de índole diversa entre las que destaca una y otra vez la responsabilidad del sector financiero. En este sentido, el nuevo marco regulatorio, a debate en este momento, apunta a un incremento de las exigencias de capital a las entidades financieras. Lo que -siendo necesario- terminará por restringir de manera notable su capacidad conceder crédito, y comprometer la posible recuperación justo en el peor momento.