Con la finalidad de aludir a los efectos secundarios que, carentes de toda intención y planificación, pudieran derivarse de una intervención armada, el ejército de los Estados Unidos acuñó en la Guerra de Vietnam (1964-1975) el daño colateral; expresión que terminaría popularizándose durante la Primera Guerra del Golfo (1990-1991). Y que pronto se infiltraría, desde la esfera militar, en la socioeconómica, para designar la desigual distribución de costes que conlleva tomar decisiones o poner en práctica un determinado conjunto de medidas, iniciativas o políticas. No sucedió por casualidad: en aquel tiempo, buena parte de Occidente tuvo la ocasión de sufrir las consecuencias de una recesión que también terminaría cuestionando en Europa el modelo de Estado de Bienestar, hasta adelgazarlo. Pero que, vista en perspectiva, fue un alto en el camino más que punto de inflexión: lejos de resultar cuestionado, el capitalismo y la desregulación salieron tremendamente reforzados de aquella crisis.
Calificar de colaterales los daños producidos en el ejercicio normal de la toma de decisiones supone asumir, como consustancial, una desigualdad natural en lo relativo a la distribución de derechos y oportunidades, siendo en el terreno de lo social donde esto adquiere una dimensión más drástica. Así, basta observar los daños colaterales provocados por la indigestión inmobiliaria y la necesidad de inyectar capital público para recomponer y sanear balances. El final abrupto de la carrera inmobiliaria de España, a todas luces desmedida, ha provocado infinidad de efectos secundarios en el conjunto del sistema económico: desde la destrucción letal de empleo, primero del asociado y más tarde general, hasta una precipitada interrupción de la democratización del crédito, cada vez más escaso, selectivo y caro, pasando por la imagen externa del país, profundamente malograda, o el estrangulamiento del patrimonio de las familias, en esencia integrado por una vivienda en propiedad de valor todavía decreciente. En este contexto, el nuestro parece hoy un país en liquidación a precio de saldo, que se ha visto obligado a comprometer en una única entidad financiera tanto como ha podido ajustar en un año largo de recortes de gasto público y presión fiscal; alrededor del 2,4% del PIB. Todo un ejemplo de aquella distribución de derechos y oportunidades. Que Bankia haya perdido, como acaba de anunciar, 19.193 millones de euros no es un simple daño colateral. Es el más claro resultado de una acción mal planificada.
