El tramo final de la campaña del IRPF recién finalizada ha coincidido con el anuncio de un posible encarecimiento del tramo de este impuesto cedido por el Estado a las Comunidades autónomas, con las rentas consideradas altas en el punto de mira. La Generalitat de Cataluña penalizará los rendimientos superiores a 120.000 euros. El ejecutivo asturiano hará lo propio con los contribuyentes que superen los 100.000. Y también con esta referencia lo intentará el Govern balear, aunque desde su debilidad parlamentaria. Más modesto es el umbral seleccionado por las Juntas de Extremadura y Andalucía, con 60.000 y 80.000 euros, respectivamente. Lo que pone de manifiesto cierta adecuación a cada realidad socioeconómica regional. Aunque también concepciones tremendamente dispares de la riqueza sin salir del mismo país.
En la advertencia fiscal subyacen fundamentalmente, dos finalidades. En primer lugar, tenemos un objetivo de orden político, e incluso moral, generalmente aceptado: restablecer cierto equilibrio en el sacrificio exigido a la sociedad, y corregir, siquiera mínimamente, la asimetría social ocasionada por el (pen)último ajuste público, hasta ahora limitado a reducir el gasto. No es casualidad, en este sentido, que las Comunidades hasta ahora resueltas a subir el impuesto compartan el color político del Gobierno central. Como tampoco lo es que se hayan negado a valorarlo las del color opuesto, en un intento de rehuir responsabilidades. En segundo término, se encuentra el deseo de combatir la anorexia financiera autonómica, motivada por un desplome de la recaudación que no guarda correspondencia con el observado en la actividad. Con todo, el afán recaudatorio termina donde comienza el recuento de potenciales contribuyentes: sólo el 4,3 por ciento del total nacional -poco más de 750.000- declaran obtener ingresos por un importe superior a 60.000 euros. Por lo que se antoja, en definitiva, un intento quizá justo pero poco eficaz.
Más eficacia, y más inmediata, cabe esperar del estrechamiento del cerco al fraude y a la opacidad fiscal. Al menos en lo relativo al limbo suizo. Parece que la presión del G20 para acabar con los paraísos fiscales y el secreto bancario comienza a dar sus frutos, y demostrar que, en efecto, el dinero no tiene patria. Aunque todavía tenga Comunidad autónoma.