El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 que el Ejecutivo ha presentado esta semana en las Cortes incorpora, finalmente, un alza en el IRPF. La iniciativa, limitada a crear dos nuevos tramos de gravamen para rendimientos superiores a 120.000 y 175.000 euros, supondrá un incremento de entre 170 y 200 millones adicionales de ingresos. Una cifra testimonial que apenas compensa el efecto psicológico de la medida, más bien negativo y generalizado, aun cuando sólo afecte al uno por ciento de los contribuyentes.
Desde que diera inicio la crisis no se aprecia, en materia fiscal, una política transparente, clara y definida. Existe, por el contrario, una estrategia de riego fiscal por goteo que se filtra de manera contraproducente en el ánimo financiero de familias y empresas, donde todo suena a palos en la rueda de la recuperación. Así, pues, convendría incorporar la fiscalidad a la agenda de reformas estructurales todavía pendientes. Y abordar, con relativa urgencia, al menos dos grandes problemáticas que cobran ahora mayor dimensión, si cabe. Primero, la opacidad con la que todavía maniobra la denominada economía informal, sin visos de solución a corto plazo. Converger en este frente con los estándares de la OCDE permitiría aflorar bases imponibles por un importe aproximado de 90.000 millones de euros. E incrementar los ingresos públicos en unos 30.000 millones adicionales; tanto como el servicio de la deuda previsto para 2011, o dos veces el ajuste en el gasto aprobado durante el pasado mes de mayo. Y segundo, reformar la maltrecha financiación local, cuya esencia todavía replica un modelo de matriz inmobiliaria. Según un informe reciente del Consejo Económico y Social, el 54,7 por ciento de los ingresos propios municipales procedía, en 2007, de bases imponibles ligadas a aquella actividad. Sobran los ejemplos: contribuciones especiales motivadas por obras concretas, tasas por licencias urbanísticas, concesiones y aprovechamientos especiales, cuotas de urbanización, ventas de terrenos e impuestos como el IBI, el ICIO y el IIVTNU que gravan, respectivamente, la tenencia de bienes inmuebles, la realización de construcciones, instalaciones y obras y la revalorización de terrenos de naturaleza urbana. Transformar el modelo productivo, como se pretende, requiere cambios a todos los niveles. También en materia fiscal, siempre que se pretenda seguir 'regando' el campo del gasto público. Entiendo que huelga recordarlo.
