Desde el pasado uno de marzo, inicialmente hasta el 15 de mayo, se halla abierto el plazo para la presentación de las solicitudes de las ayudas correspondientes a los pagos directos previstos en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), cuya reforma no ha supuesto grandes cambios, tanto en lo que se refiere a los recursos disponibles para el periodo de 2014 a 2020, como sobre la distribución de los mismos de acuerdo ante la decisión de Agricultura y de las comunidades autónomas de apoyar una estabilidad en la distribución de los recursos. En consecuencia, gracias a la política de regionalización donde se aplicará una leve convergencia de ayudas; a la definición poco exigente de agricultor activo como destinatario de las ayudas frente a los intereses de los auténticos profesionales, la realidad es que quienes cobraban ayudas en el pasado, las van a seguir cobrando; las más elevadas se van a mantener casi iguales; las bajas pueden subir ligeramente en cada región y quienes no las recibían, como los productores de frutas y hortalizas o las cabañas ganaderas de porcino o avicultura, seguirán sin ver un euro.
Sin embargo, la reforma ha profundizado en todo lo referido al reverdecimiento de las ayudas, con nuevas exigencias sobre diversificación de cultivos y las medidas medio ambientales. Estos cambios ya son de aplicación desde esta campaña y su puesta en marcha se hizo prácticamente a la carrera en los últimos meses del pasado año. Esta circunstancia, el hecho de ser una nueva reforma y la introducción de nuevos criterios para recibir un montante de ayudas que suponen el 30% de los fondos comunitarios para los pagos directos de la PAC, ha hecho que la desde el propio comisario Phil Hogan se hayan planteado diferentes propuestas y debates. El objetivo es que durante este primer año en la aplicación de la reforma exista una cierta flexibilidad en la misma, así como una cierta tolerancia a la hora de cumplir con las nuevas exigencias, siempre que los posibles fallos se puedan considerar como errores admisibles, no intencionados, no abusos o prácticas producto de la picaresca.
En el Ministerio de Agricultura se coincide con la Comisión sobre la necesidad de aplicar durante este primer año una política de cierta flexibilidad y tolerancia a la hora de analizar las peticiones de ayudas y especialmente los niveles de cumplimiento en materia de diversificación de los cultivos o abandonos de superficies por razones medioambientales. Pero se deja igualmente claro que, el hecho de ser tolerantes y flexibles, no significa que la Administración vaya a ser un coladero donde todo valga
En principio, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha sido el primero en proponer que el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda se pueda retrasar hasta el 15 de junio, lo que supondría una prórroga de un mes sobre el calendario inicial, solamente por este año y de forma excepcional. Esta propuesta deberá aprobarse por Bruselas el próximo 22 de abril y se ha dejado libertad a cada uno de los países para su aplicación. En España, el Ministerio de Agricultura se muestra, en principio, favorable a esa iniciativa, si bien se trata de una decisión que se adoptará oficialmente a su debido tiempo, una vez sea acordada por Bruselas y, sobre todo, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y las organizaciones del sector agrario.
El retraso del plazo para la presentación de las peticiones de pagos directos, así como para las ayudas del desarrollo rural, es una medida que será positiva para los agricultores y ganaderos que con ello dispondrán de mayor tiempo para hacer correctamente las mismas y que ésas respondan a sus cultivos reales. Pero, la medida es igualmente positiva y necesaria para las propias Administraciones que en estas fechas han puesto en marcha, no sin dificultades en algunas Comunidades Autónomas, sus programas informáticos para dar curso a las solicitudes. Al tratarse de un proceso nuevo, la prórroga no vendrá mal a ninguna de las partes. Con un plazo superior es probable que se puedan evitar sanciones a muchos peticionarios pero, a la vez, las administraciones pueden evitar errores en los trabajos de control y ajustar más los mismos a la realidad.
Junto a una política de mayor flexibilidad y tolerancia, desde el sector se reclama a Bruselas una mayor simplificación en su aplicación para que se puedan eliminar determinados trámites que suponen una mayor burocracia pero sin lograr una mayor eficiencia en materia de controles.
TIERRAS DE PASTOS
En cuestiones comunitarias, en este momento, en el caso de España se suma el debate abierto entre Agricultura y Bruselas para ajustar el llamado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos. La Comisión quiere rebajar las superficies actuales que perciben ayudas por ese concepto, más de 11 millones de hectáreas, al considerar que muchas de esas tierras no son de pasto por su pendiente pronunciada, existencia de rocas o arbustos que no permiten el acceso de los animales para su alimentación. Este coeficiente se debía haber comenzado a aplicar en 2007, como ha sucedido en otros países comunitarios. En España lo implantaron solamente las comunidades autónoma de Cataluña, Aragón, Baleares, País Vasco y Navarra. Bruselas había reiterado en varias ocasiones en los últimos años la necesidad de ajustar esa superficie a las hectáreas donde realmente pastaban los animales. Hoy, este ajuste de las superficies de pastos se negocia en Bruselas bajo la amenaza de una importante corrección financiera que supera los 200 millones de euros. El recorte de las superficies de pastos con ayudas, podría ascender a poco más de un millón de hectáreas. Ese ajuste afectará a superficies rocosas donde es imposible el pasto, a zonas de pendiente muy pronunciada donde no puedan llegar los animales y a los espacios de arbustos donde tampoco puedan acceder las cabañas ganaderas.
Desde el sector agrario se entiende que se aplique este coeficiente exigido por Bruselas que supondrá reducir la superficie beneficiada de estas ayudas, pero no el montante global de los fondos. Sin embargo, se estima que la aplicación de ese coeficiente debería tener también en cuenta cuales han sido las prácticas de pastoreo tradicionales llevadas a cabo en cada zona, en montañas, pendientes o semi bosques. Y, si una zona concreta ha vivido en el campo una determinada cabaña ganadera, es que había pasto suficiente para ello y que ese terreno tiene el derecho a mantener esa calificación.
