Cuando solamente se acaba de iniciarla aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común, como ya suele ser habitual, se comienzan a mover los hilos desde algunos países y en el seno de la misma Comisión para comenzar a lanzar ideas sobre el contenido de la próxima reforma que se aplicará a partir de 2020, fecha en la que finaliza la actualmente en vigor.
El hecho de que se hayan iniciado movimientos sobre lo que debería ser esa nueva reforma, cuando apenas si se conocen los resultados reales de la actual, no se trata de una práctica novedosa en este tipo de actuaciones de Bruselas, sino una actuación habitual. Tras una importante reforma, antes de la próxima siembre han seguido las revisiones o los chequeos que, en muchos casos, más que una revisión de la normativa en vigor, constituyen una nueva reforma en toda regla, algo tradicionalmente denunciado desde el propio sector en cuanto supone una situación de permanente inseguridad a la hora de programar sus inversiones. En la situación actual, con el año 2020 como punto de llegada de las actuales reglas de juego, todo hace pensar que el próximo año será ya escenario de unas primeras conversaciones que podían estar ya marcadas por dos hechos. Uno, la posibilidad de que hubiera un referéndum en el Reino Unido sobre su salida de la Unión Europea, las negociaciones que pueden conllevar en relación con las ayudas agrícolas para el presupuesto comunitario y, sobre todo, los debates sobre las perspectivas financieras comunitarias para aplicar a partir de 2020, factor clave para el futuro de la PAC y donde cada vez es más difícil mantener los niveles de ayuda para el sector agrario y el mundo rural.
Con la cumbre del clima celebrada recientemente en París como referencia, las cuestiones medioambientales parece van a seguir ganando peso en la Política Agrícola Común con nuevas y mayores exigencias en esa dirección y, a la vez, con el destino de mayores fondos a esos temas. En ese sentido, desde algunas voces se baraja ya la posibilidad de que el cumplimiento de esas exigencias, el llamado greening o pago verde, actualmente del 30% de los fondos, pudiera pasar a supone hasta el 50% de los mismos.
Otro aspecto sobre el que Bruselas podrían introducir cambios es el referido al volumen de los pagos por hectárea de cara a lograr un mayor acercamiento de los mismos frente a la situación actual que se ha traducido, en líneas generales, en el mantenimiento de las ayudas anteriores, así como de su distribución. El proceso de convergencia de los pagos ha supuesto en España un acercamiento muy leve de los mismos, algo que se querría modificar por parte de Bruselas para reducir las actuales grandes diferencias en es cobros. España, por la diversidad de su territorio y de su actividad agraria, fue uno de los países donde se produjo una mayor regionalización de las ayudas en aras de lograr una gran estabilidad en los pagos, lo que supuso mantener casi estables esos pagos en beneficios de unos dejando a otros en la marginación.
De cara al futuro, sería posible ir a cambios de cara a lograr ese mayor acercamiento en los niveles de apoyo frente a los derechos históricos que, en muchos casos, no tienen nada que ver con la actualidad de una explotación e, incluso, dar entrada en las ayudas a otros sectores hoy ausentes de los repartos en el pago básico y las ayudas asociadas. Sin embargo, se trata de un proceso muy difícil si se considera que, a partir de la estabilidad en los fondos, para mejorar la posición de unos es preciso restar ayudas a otros, algo a lo que se han opuesto radicalmente tanto los sectores afectados, como, sobre todo las comunidades autónomas más que Agricultura.
Al margen las especulaciones sobre el contenido de la nueva reforma, la actual ya ha sido objeto de algunos ajustes técnicos en el seno español y objetivo de una serie de propuestas del propio comisario para lograr una simplificación de la misma, un objetivo viejo que se suele traducir en la práctica, en mayores complicaciones para el perceptor de las ayudas a la hora de presentar sus peticiones.
En España, como ya se indicó en estas páginas, la Administración procedió fundamentalmente a una serie de ajustes técnicos a finales de diciembre por los que, entre otras cuestiones, se pasaba a considerar el pastoreo como parte de la actividad agraria, una reducción de las líneas de pagos, pero manteniendo los importes en las ayudas lácteas, la exención de poner el DNI del arrendador o el cedente en la solicitud de ayuda cuando la superficie no supere las dos hectáreas o unas menores exigencias para acceder a las ayudas como joven agricultor donde lo importante será su formación profesional.
En esta línea de cambios, pero centrados especialmente en las políticas de simplificación, el comisario acaba de anunciar ante la Comisión correspondiente del Parlamento Europeo su decisión de llevar a cabo a corto plazo una serie de cambios encaminados a quitar presión sobre los demandantes de ayuda, especialmente en los casos donde se hayan podido cometer errores en las solicitudes que no sean realmente graves o que no se vean claramente intencionadas. En esta dirección, entre otras medidas, se permitirá a los perceptores de ayudas que, en los controles preliminares de las peticiones se puedan hacer modificaciones hasta en un máximo de 35 días sin tener una sanción. Bajo la misma filosofía, en el sistema general de sanciones, las mismas se reducen hasta solamente 1,5 veces el área declarada en exceso. En el caso de los pequeños productores que superen un 3% o en dos hectáreas la superficie no declarada, no habría penalizaciones. Finalmente se pone en marcha la denominada tarjeta amarilla por la que si el exceso de la declaración no supera el 10%, la sanción se rebajará a la mitad, pero los infractores pasarían a un registro y serían objeto de mayores controles.
Con todo ello, la Comisión trata de aligerar la presión de la burocracia administrativa sobre los perceptores de ayudas, lo que supone, en definitiva, reconocer el exceso de complejidad de la misma, a pesar de las supuestas medidas encaminadas a lograr una mayor simplificación del proceso
