La venta de los productos agrarios y de la industria alimentaria a bajos precios; el mantenimiento de algunos de ellos casi siempre con una marca en oferta; el dominio de las marcas blancas baratas con cuotas de mercado que en sectores como leche o aceite superan el 60% y muy especialmente la venta a pérdidas, constituyen en la actualidad uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el sector agroalimentario.
Se trata de una situación largamente denunciada desde las organizaciones agrarias, las Cooperativas Agroalimentarias y también desde medios industriales por considerar que pone en peligro la viabilidad de ambos sectores y muy especialmente al agrario por ser el último eslabón de la cadena donde se pueden refugiar las industrias. A pesar de esta situación, desde el gobierno no solamente se ha rehuido la prohibición y persecución de la misma impidiendo dejar las competencias en manos de Agricultura, sino que incluso desde otros ministerios económicos se han aplaudido esas prácticas por considerar que benefician a los consumidores. Sin embargo, parece que esta situación tocará a su fin a corto plazo si se tiene en cuenta la demanda unánime de todos los sectores para acabar con esta situación y, sobre todo, el hecho de que todos los partidos de la oposición hayan aprobado recientemente en el Congreso una proposición no de ley instando al gobierno a articular en una nueva ley la prohibición las sanciones contra la práctica ilegal que supone la venta a pérdidas. Las proposiciones no de Ley pueden quedar en un simple papel mojado si el gobierno opta por no hacer caso de la misma.
Pero, en este caso, con toda la oposición en contra apoyando la propuesta socialista y el sector reclamando una regulación, el partido del gobierno tiene poco resquicios por donde escapar a la vista de la importancia de los sectores agrario y alimentario en la actividad económica y en el mantenimiento del territorio. Los populares no votaron en contra sino que se abstuvieron, lo cual pone de manifiesto que se quiere buscar una salida.
En este momento, la principal disposición en vigor para poner orden en la cadena alimentaria es la ley aprobada en 2013 que ha jugado un papel clave para denunciar, perseguir y sancionar desde Agricultura todo lo referido a la política de contratos y plazos de pago, otra lacra en la que afortunadamente ya se han dado pasos importantes para poner orden, aunque la gran distribución sigue utilizado las triquiñuelas que le permite su posición de dominio para imponer sus condiciones y que las pequeñas empresas y las grandes tienen que aceptar por temor a salir de sus lineales. Pero, la Ley tiene una laguna, su falta de competencias para perseguir la venta a pérdidas en manos de otros ministerios económicos que no quisieron desprenderse de sus competencias.
La venta a pérdidas, un producto que la distribución ofrece por debajo del precio al que ha sido adquirido, es una práctica que se halla prohibida en España por la Ley de Competencia Deseal, salvo con tres supuestos: cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos en el mismo establecimiento; cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto de un establecimiento ajeno o cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupos de competidores.
Por otra parte, las ventas a pérdidas se hallan prohibidas siempre en la Ley de Comercio Minorista dependiente de Economía y cuyas competencias en esta materia se hallan transferidas a las Comunidades Autónomas que serían las auténticas responsables para la persecución y sanción de las mismas.
En medio de estas disposiciones se halla dos posiciones que en los últimos años y una reciente, han jugado en contra de la prohibición de la venta a pérdidas.
Por un lado se halla la posición de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia cuando ya en 2015 señalaba en su informe que la venta a pérdidas no es una práctica prohibida en cuanto la misma contribuía a abaratar los productos agrarios y alimentarios para los consumidores y porque, además beneficiaba a la economía. Agricultura se halla en contra de ese posicionamiento de los ministerios económicos, pero en ningún momento ha tenido la tentación de enfrentarse pública y oficialmente con otros departamentos de un mismo gobierno aún manteniendo una posición radicalmente en contra.
Por otra parte, en contra de la prohibición de la venta a pérdidas contemplada en la Ley de Comercio Minorista, cabe destacar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE una pregunta de un tribunal español sobre la multa impuesta por el gobierno murciano a un grupo de distribución por venta a pérdidas. Bruselas señala en su sentencia que esa práctica no se podía prohibir en base a esa ley considerando también que la misma no afectaba negativamente a los consumidores.
Ante la existencia de este panorama, los socialistas plantearon una proposición no de ley apoyada por Ciudadanos, Esquerra, PNV y Podemos por la que se insta al gobierno a tomar las medidas necesarias para la aprobar una disposición que pueda perseguir y castigar la venta a pérdidas. Para el sector agrario y alimentario sería que esas competencias se contemplen en la actual Ley de la Cadena Alimentaria, bajo el control, de Agricultura, donde se iba incluir en su día, pero que fue imposible por la posición dominante de los ministerios económicos, en este caso aliados con el posicionamiento dominante de la gran distribución.
En lo que se refiere a la venta a pérdidas, Economía y las comunidades autónomas han estado mirando hacia otra parte en los últimos años con un mínimo nivel de sanciones. Las principales denuncias del sector contra este tipo de prácticas han sido cursadas por parte de la Agencia pare la Información y el Control de la Cadena Alimentaria. Sin embargo por su falta de competencias se deba limitar simplemente a comunicar esas denuncias a los gobiernos regionales desde donde las respuestas a este tipo de situaciones ha sido muy escasa. No se entiende que comunidades autónomas como Galicia, donde la leche es un producto clave para su economía, no actuara con mayor fuerza contra las ventas a pérdidas o a precios de oferta con efectos negativos sobre los ganaderos. En la misma línea, tampoco se entiende el desdén de Andalucía para no perseguir la venta a pérdidas o a bajos precios del aceite o las naranjas en la Comunidad Valenciana.
Vender un producto de calidad a pérdidas pude ser simplemente una estrategia de un grupo de la distribución en el conjunto de sus políticas de ofertas o de promociones, pérdidas en unos productos como gancho de la cesta de la compra para ganar en otros de ese mismo carro.
Sin embargo, vender un producto de calidad a precios poner los suelos, supone poner en peligro la imagen del mismo ante los consumidores arrastrando a la baja los precios en origen.
