Dice Mariano Rajoy que preguntará a la ejecutiva de su partido si acepta las seis condiciones sobre regeneración democrática que le impone Albert Rivera para dar el sí quiero a su investidura. Desde hace días se sabe que le firmará un chalet en Sanxenxo llegado el caso y después ya iremos hablando de vetar a imputados, la limitación de mandatos, la eliminación de aforamientos, la supresión de indultos por corrupción o la reforma electoral porque los precedentes permiten augurar que la postura del ciudadano Rivera puede ser voluble con el pretexto de aflojar por la unidad de España y el interés general.
Una de las grandes preocupaciones del líder de Ciudadanos es terminar con el voto rogado que a partir de su instauración en 2011 permitió acabar con el chalaneo de alcaldes por América Latina o Suiza. Con la simple molestia de tener que solicitar el voto en el consulado o en la junta electoral correspondiente, la participación de la emigración con derecho a voto se desplomó en Galicia de un 30% a poco más del 2%.
El dato en vez de ser alarmante debería tomarse como satisfactorio porque noticias sobre el secuestro de sacas, sufragios de muertos o mercadeo con un derecho han desaparecido de los medios. En Ourense, en 84 de los 92 concellos el censo electoral es superior al número de habitantes y en nueve municipios el voto en el exterior es mayor que el de los vecinos que mantienen el pueblo en pie. ¿Alguien puede entender que los hijos de los hijos de un emigrante puedan decidir quién va a dirigir un ayuntamiento, la Xunta o el Gobierno central? Acabar con el voto rogado sería una manera de regresar a un voto que muchas veces fue 'robado' o inducido por una comilona. Debería preocupar más la vuelta del emigrante.
