Todo lo que se pudo acordar en la última cumbre de Bruselas sobre los grandes escándalos mundiales de fraude es un nuevo compromiso político para acelerar la lucha contra la evasión fiscal, que inicialmente consistirá en un intercambio de datos bancarios al que todavía se resisten Luxemburgo y Austria.
En lo que se refiere a España, el presidente Rajoy reveló que se han podido identificar 90.000 millones de euros depositados en cuentas en el extranjero, propiedad de 131.000 personas. Apelar a una solidaridad fiscal voluntaria puede resultar una utopía, pero es evidente que la austeridad que sufrimos exige de los gobernantes europeos unos acuerdos más rigurosos y urgentes.
