El Gobierno de Argentina advirtió ayer que el Estado tiene poder de veto en YPF en caso de eventuales cambios en la petrolera argentina tras el avance de la mexicana Pemex en la española Repsol, principal accionista de la mayor productora de hidrocarburos del país suramericano.
'Esperamos que no se produzca ningún cambio institucional en la empresa y, si lo hubiera, tenemos el poder veto', dijo el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, en declaraciones a periodistas, tras participar de un seminario.
El ministerio solicitó una reunión extraordinaria del directorio de YPF, en la que Repsol tiene una participación del 57,433 por ciento.
De Vido señaló que la maniobra de Pemex y Sacyr 'podría llevar a que tengan ventajas estratégicas en el directorio de Repsol'. En este sentido, recordó que 'en YPF, el Estado argentino mantiene la 'acción de oro' de la compañía y, por eso, se le debe informar (al Estado) de cambios en los procesos accionariales'. Por eso solicitó la reunión con los dirigentes de YPF.
El Estado argentino, a través del Ministerio de Economía, es titular de mil de los 393,3 millones de acciones de YPF, pero tiene derecho a participar de las decisiones del directorio y poder de veto. La petrolera está participada,además, por el grupo Petersen, propiedad de la familia Ezkenazi, que mantiene una buena relación con el Gobierno de Cristina Fernández.
El ministerio solicitó una reunión extraordinaria del directorio de YPF, en la que Repsol tiene una participación del 57,433 por ciento.
De Vido señaló que la maniobra de Pemex y Sacyr 'podría llevar a que tengan ventajas estratégicas en el directorio de Repsol'. En este sentido, recordó que 'en YPF, el Estado argentino mantiene la 'acción de oro' de la compañía y, por eso, se le debe informar (al Estado) de cambios en los procesos accionariales'. Por eso solicitó la reunión con los dirigentes de YPF.
El Estado argentino, a través del Ministerio de Economía, es titular de mil de los 393,3 millones de acciones de YPF, pero tiene derecho a participar de las decisiones del directorio y poder de veto. La petrolera está participada,además, por el grupo Petersen, propiedad de la familia Ezkenazi, que mantiene una buena relación con el Gobierno de Cristina Fernández.
