El Gobierno se ha propuesto sacar al mercado una buena parte de las viviendas vacías -más de 700.000 en estos momentos- y susceptibles de ser alquiladas, pero que se encuentran con la negativa a hacerlo por parte de sus propietarios por la rigidez de la legislación actual. En España la población que vive de alquiler es del 17%, un porcentaje que es casi la mitad de la media que se registra en el resto de Europa.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Vivienda y Transporte, Rafael Catalá Polo, adelantó en una reciente comparecencia en el Senado que el Gobierno estaba trabajando en un reforma para modificar el marco normativo. 'Pensamos que hay que trabajar desde el punto de vista de la regulación jurídica para cambiar algunos de los elementos que generan, o bien desconfianza por parte de los propietarios, o bien rigideces para el mercado'. Catalá Polo adelantó los cuatro grandes ejes que está estudiando el Gobierno para favorecer un verdadero de mercado de alquileres: flexibilización normativa, desjudialización de los conflictos, profesionalización del mercado y nuevos incentivos fiscales.
NUEVO MARCO JURÍDICO
La primera de las medidas que impulsará el Gobierno pasa por un nuevo marco jurídico en el que se dará mayor libertad a las partes para que puedan adoptar los acuerdos que consideren más adecuados a sus intereses y que, por tanto, los elementos obligatorios que la Ley les impone sean los menos posibles. Rafael Catalá explicó el caso concreto de propietarios que no alquilaban un piso porque hasta ahora no podían recuperarlo en el caso de variar las circunstancias personales o familiares.
Con la nueva fórmula se pretende que en situaciones de divorcio, adopciones o por la necesidad específica para un familiar en primer grado de consanguinidad se recupere el piso. En todo caso la fórmula escogida buscará también garantías para el arrendatario, como por ejemplo que haya un plazo de preaviso de al menos dos meses. En este mismo aspecto también se revisarán los plazos de finalización de los contratos, ya que los cinco años que se contemplan en la Ley de Arrendamientos Urbanos fueron calificados como un modelo 'muy largo y muy rígido', ya que las circunstancias personales y familiares varían con frecuencia en esos plazos.
EVITAR LOS JUICIOS
La segunda de las medidas -para la que se ya se está trabajando con el Ministerio de Justicia- tiende a evitar los procedimientos judiciales en el caso de conflictos entre propietarios e inquilinos. En este caso son los propietarios los que habitualmente se encuentran con problemas como la falta de pago. El Gobierno estudia la posibilidad de que el contrato de arrendamiento se inscriba en el Registro de la Propiedad, de tal manera que en esos contratos la falta de pago dará lugar a una resolución inmediata del arrendamiento sin más exigencia que un requerimiento judicial o notarial y un proceso muy breve.
La tercera de las reformas que estudia el Ministerio de Fomento pasa por la profesionalización del mercado del alquiler, un mercado que en la actualidad está muy fragmentado y que cuenta con muchos intermediarios y operadores. Rafael Catalá recordó la creación de las Sociedades Cotizadas de Inversión del mercado Inmobiliario (Socimi), que no consiguieron aportar dinamismo al mercado del alquiler. Para ello se van a estudiar reformas en su funcionamiento para conseguir que cumplan su objetivo inicial y que haya fondos que se destinen a estas actividades porque van a tener un tratamiento favorable o, al menos equivalente, al de otras actividades mercantiles.
Finalmente, la última propuesta está relacionado con los incentivos fiscales que pueden recibir los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler. En este sentido se aplicará una exención del 60% a todas las personas físicas no residentes que generen una adquisición de vivienda en un período que habrá que determinar. En esta misma línea también se quiere favorecer la salida al mercado de las viviendas de los no residentes que tienen un cierto patrimonio en España, pero que sólo pasan unas pocas semanas en el país. Para ellos se estudia unas deducciones favorables a la renta que obtengan por el alquiler en la misma línea que ya existen para los residentes.
NUEVO MARCO JURÍDICO
La primera de las medidas que impulsará el Gobierno pasa por un nuevo marco jurídico en el que se dará mayor libertad a las partes para que puedan adoptar los acuerdos que consideren más adecuados a sus intereses y que, por tanto, los elementos obligatorios que la Ley les impone sean los menos posibles. Rafael Catalá explicó el caso concreto de propietarios que no alquilaban un piso porque hasta ahora no podían recuperarlo en el caso de variar las circunstancias personales o familiares.
Con la nueva fórmula se pretende que en situaciones de divorcio, adopciones o por la necesidad específica para un familiar en primer grado de consanguinidad se recupere el piso. En todo caso la fórmula escogida buscará también garantías para el arrendatario, como por ejemplo que haya un plazo de preaviso de al menos dos meses. En este mismo aspecto también se revisarán los plazos de finalización de los contratos, ya que los cinco años que se contemplan en la Ley de Arrendamientos Urbanos fueron calificados como un modelo 'muy largo y muy rígido', ya que las circunstancias personales y familiares varían con frecuencia en esos plazos.
EVITAR LOS JUICIOS
La segunda de las medidas -para la que se ya se está trabajando con el Ministerio de Justicia- tiende a evitar los procedimientos judiciales en el caso de conflictos entre propietarios e inquilinos. En este caso son los propietarios los que habitualmente se encuentran con problemas como la falta de pago. El Gobierno estudia la posibilidad de que el contrato de arrendamiento se inscriba en el Registro de la Propiedad, de tal manera que en esos contratos la falta de pago dará lugar a una resolución inmediata del arrendamiento sin más exigencia que un requerimiento judicial o notarial y un proceso muy breve.
La tercera de las reformas que estudia el Ministerio de Fomento pasa por la profesionalización del mercado del alquiler, un mercado que en la actualidad está muy fragmentado y que cuenta con muchos intermediarios y operadores. Rafael Catalá recordó la creación de las Sociedades Cotizadas de Inversión del mercado Inmobiliario (Socimi), que no consiguieron aportar dinamismo al mercado del alquiler. Para ello se van a estudiar reformas en su funcionamiento para conseguir que cumplan su objetivo inicial y que haya fondos que se destinen a estas actividades porque van a tener un tratamiento favorable o, al menos equivalente, al de otras actividades mercantiles.
Finalmente, la última propuesta está relacionado con los incentivos fiscales que pueden recibir los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler. En este sentido se aplicará una exención del 60% a todas las personas físicas no residentes que generen una adquisición de vivienda en un período que habrá que determinar. En esta misma línea también se quiere favorecer la salida al mercado de las viviendas de los no residentes que tienen un cierto patrimonio en España, pero que sólo pasan unas pocas semanas en el país. Para ellos se estudia unas deducciones favorables a la renta que obtengan por el alquiler en la misma línea que ya existen para los residentes.
