El Gobierno decidió indultar al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena de tres meses de arresto e inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto, con lo que se paraliza la ejecución de la sentencia y podrá seguir en su cargo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, José Blanco, se limitó a admitir que 'se había tratado' este asunto, sin dar detalles sobre los argumentos empleados por el Gobierno para conceder el indulto. Blanco tampoco explicó por qué se tomó esta decisión ahora, con el Ejecutivo en funciones, ni desveló si el partido que lidera Mariano Rajoy estaba al tanto de esta materia, aunque sí conocía el orden del día del Consejo. Fuentes del PP añadieron que la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, había solicitado una lista de indultos al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y obtuvo como respuesta que no había un listado previo.
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, pidió al Ejecutivo saliente que explique los motivos por los que ha concedido esta medida de gracia a Sáenz.
Un indulto que satisface al Banco Santander y para la Asociación Española de Banca (AEB) es 'un acierto' ya que Sáenz 'es la persona que más ha contribuido a la estabilidad y progreso del sistema financiero español en los últimos 25 años'. En el lado contrario, la asociación de consumidores Adicae criticó que haya 'indultos para los banqueros' y no para el resto de la sociedad, especialmente para los hipotecados.
El origen de la causa contra el banquero se remonta a 1994, cuando Banesto, presidida por Sáenz tras la adjudicación en subasta de la entidad al Santander, emprendió una estrategia de recuperación de créditos dudosos. En ese marco, Banesto presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).
El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro industriales (lo que conllevó la condena del juez por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996).
Después de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -ya fallecido- presentaron una querella y en diciembre de 2009, la Audiencia de Barcelona condenó a Sáenz al entenderque 'tenía conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella' y que actuaron de esa manera como 'medida de presión' contra los industriales.
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, pidió al Ejecutivo saliente que explique los motivos por los que ha concedido esta medida de gracia a Sáenz.
Un indulto que satisface al Banco Santander y para la Asociación Española de Banca (AEB) es 'un acierto' ya que Sáenz 'es la persona que más ha contribuido a la estabilidad y progreso del sistema financiero español en los últimos 25 años'. En el lado contrario, la asociación de consumidores Adicae criticó que haya 'indultos para los banqueros' y no para el resto de la sociedad, especialmente para los hipotecados.
El origen de la causa contra el banquero se remonta a 1994, cuando Banesto, presidida por Sáenz tras la adjudicación en subasta de la entidad al Santander, emprendió una estrategia de recuperación de créditos dudosos. En ese marco, Banesto presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).
El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro industriales (lo que conllevó la condena del juez por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996).
Después de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -ya fallecido- presentaron una querella y en diciembre de 2009, la Audiencia de Barcelona condenó a Sáenz al entenderque 'tenía conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella' y que actuaron de esa manera como 'medida de presión' contra los industriales.
