El Gobierno ha reducido de un año a seis meses el período de cotización que se le reconocerá al trabajador cuando su empresa regularice voluntariamente su situación en el marco del plan de empleo sumergido, según el segundo borrador que remitió a los agentes sociales. Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que este es uno de los pocos cambios introducidos en el documento remitido el pasado miércoles a patronal y sindicatos, que ya se ganó los reproches de ambas partes. Así, la nueva propuesta no habría servido para acercar posiciones.
Las mismas fuentes señalan que los efectos del alta en la Seguridad Social de estos trabajadores tendrán carácter retroactivo con un límite en el 1 de enero de 2011, seis meses antes de que termine el plazo para que las empresas puedan realizar estas regularizaciones, que se mantiene en el 30 de junio. Este plazo era de un año en la primera propuesta del Ejecutivo.
Además, el Gobierno se mantiene firme en que estas regularizaciones puedan dar lugar tanto a contratos temporales como indefinidos, sin que las empresas tengan que hacer frente a sanciones administrativas. Se mantiene también que estas empresas puedan aplazar sus deudas con las Seguridad Social, sin que tengan que presentar obligatoriamente garantías para asegurar el pago de las cotizaciones, caso en el que el aplazamiento tendrá una duración máxima de dos años.
Para los sindicatos, la nueva formulación empeora la propuesta inicial, por lo que, aunque seguirán negociando hasta el 27 de abril, preparan una actuación conjunta para rechazar el plan que el Gobierno pretende aprobar en el Consejo de Ministros del viernes.
Los empresarios también rechazan el nuevo borrador, ya que mantiene un incremento de las sanciones una vez finalizado el período de gracia, hasta un máximo de 187.515 euros, pero con vocación de permanencia y no coyuntural, como inicialmente se planteó.
Además, el Gobierno se mantiene firme en que estas regularizaciones puedan dar lugar tanto a contratos temporales como indefinidos, sin que las empresas tengan que hacer frente a sanciones administrativas. Se mantiene también que estas empresas puedan aplazar sus deudas con las Seguridad Social, sin que tengan que presentar obligatoriamente garantías para asegurar el pago de las cotizaciones, caso en el que el aplazamiento tendrá una duración máxima de dos años.
Para los sindicatos, la nueva formulación empeora la propuesta inicial, por lo que, aunque seguirán negociando hasta el 27 de abril, preparan una actuación conjunta para rechazar el plan que el Gobierno pretende aprobar en el Consejo de Ministros del viernes.
Los empresarios también rechazan el nuevo borrador, ya que mantiene un incremento de las sanciones una vez finalizado el período de gracia, hasta un máximo de 187.515 euros, pero con vocación de permanencia y no coyuntural, como inicialmente se planteó.
