El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está animando a 314 ayuntamientos de todo el país, 13 de ellos en Galicia, a sumarse al plan de rescate diseñado para los municipios con graves problemas financieros y que en su primera fase ya ha contado con 88 adhesiones. Para quienes se apunten, se ofrece el apoyo del Estado a cambio de una vigilancia 'al detalle' de ingresos y gastos.
En concreto, en la Comunidad gallega son 13 los consistorios con dificultades que han recibido la invitación del ministerio, cinco de ellos en la provincia de Pontevedra, tres en A Coruña, otros tres en Lugo y dos en Ourense.
Fuentes del ministerio, que no desvela los nombres de los ayuntamientos invitados, insistieron ayer en que no se trata 'de una intervención' en sentido estricto porque se exigen unas medidas a cambio de apoyo, aunque admiten que el control será estricto porque se ayuda a estos municipios 'con el dinero de todos los españoles'. 'Es un mecanismo de ayuda, no de estigmatización', insisten.
Se trata de ayuntamientos con un deterioro financiero estructural, de años atrás, con un volumen excesivo de deudas o que no pagan las cuotas del plan de proveedores. Hay municipios que incumplen hasta estas tres condiciones. Hacienda les ofrece ampliar plazos para devolver deudas (incluida la Seguridad Social y Hacienda), anticipos por periodo superior al ejercicio, menos retenciones de su participación en los tributos del Estado, autorización para convertir al largo plazo operaciones a corto, entre otras.
A cambio, deberán reducir gastos pero también incrementar ingresos. Las fuentes de Hacienda aseguran que parte de estos municipios tienen precios públicos, tasas e impuestos por debajo de la media y que deberán subirlos
Una de las condiciones para acogerse al plan de rescate es la apertura de una cuenta bancaria en la que Hacienda les irá haciendo ingresos y de la que podrán ir obteniendo dinero bajo estricta supervisión del Ministerio. Es la condición impuesta por los bancos para ampliar los plazos de devolución de deudas, aseguran las fuentes. El plazo para sumarse a este plan de rescate es el 2 de enero. En caso de incumplimiento, le será retenida su participación en los tributos del Estado y tendrán sanciones contempladas desde el 1 de enero en la Ley de Transparencia.
Fuentes del ministerio, que no desvela los nombres de los ayuntamientos invitados, insistieron ayer en que no se trata 'de una intervención' en sentido estricto porque se exigen unas medidas a cambio de apoyo, aunque admiten que el control será estricto porque se ayuda a estos municipios 'con el dinero de todos los españoles'. 'Es un mecanismo de ayuda, no de estigmatización', insisten.
Se trata de ayuntamientos con un deterioro financiero estructural, de años atrás, con un volumen excesivo de deudas o que no pagan las cuotas del plan de proveedores. Hay municipios que incumplen hasta estas tres condiciones. Hacienda les ofrece ampliar plazos para devolver deudas (incluida la Seguridad Social y Hacienda), anticipos por periodo superior al ejercicio, menos retenciones de su participación en los tributos del Estado, autorización para convertir al largo plazo operaciones a corto, entre otras.
A cambio, deberán reducir gastos pero también incrementar ingresos. Las fuentes de Hacienda aseguran que parte de estos municipios tienen precios públicos, tasas e impuestos por debajo de la media y que deberán subirlos
Una de las condiciones para acogerse al plan de rescate es la apertura de una cuenta bancaria en la que Hacienda les irá haciendo ingresos y de la que podrán ir obteniendo dinero bajo estricta supervisión del Ministerio. Es la condición impuesta por los bancos para ampliar los plazos de devolución de deudas, aseguran las fuentes. El plazo para sumarse a este plan de rescate es el 2 de enero. En caso de incumplimiento, le será retenida su participación en los tributos del Estado y tendrán sanciones contempladas desde el 1 de enero en la Ley de Transparencia.
