El Consejo de Ministros abordará hoy la cuarta modificación del sector bancario desde el inicio de la actual crisis económica

Más provisiones y un 'banco malo' para el ladrillo, ejes de la reforma

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. (Foto: ARCHIVO)
El Gobierno aprobará hoy una nueva reforma financiera que endurecerá las provisiones inmobiliarias de la banca y permitirá aparcar estos activos tóxicos en sociedades externas, en un intento de dar una imagen más saneada del sector, según informaron fuentes financieras. Se trata de la cuarta reforma financiera de calado desde que se inició la crisis, pero la segunda que aborda este Gobierno, después de que en febrero impusiera 54.0000 millones en provisiones para los bienes inmobiliarios más problemáticos.
Hoy el Ejecutivo obligará a la banca a realizar un esfuerzo adicional en provisiones inmobiliarias de unos 35.000 millones de euros, lo que llevará a pérdidas a varias entidades, que estarán abocadas a vender activos o fusionarse. Para los expertos, el hecho de que la reforma haya coincidido en el tiempo con la nacionalización de BFA-Bankia, la entidad sistémica más problemática, revela la clara intención del Gobierno de lanzar un mensaje de confianza a los mercados, que hasta ahora dudaron sobre la fortaleza del sistema financiero español.

Los bancos españoles llegan a esta nueva fase con un equipaje exiguo, tras haber abordado una primera tanda de provisiones que afectó a los créditos dudosos y morosos y a los activos inmobiliarios adjudicados, como pisos, solares y promociones, que suman en España 180.000 millones de euros.

A partir deh oy, los bancos se enfrentarán a un endurecimiento de las provisiones inmobiliarias que afectarán a los créditos considerados 'sanos' o no problemáticos y que suman en España 140.000 millones adicionales.


MÁS PROVISIONES

Entre las posibilidades que hay sobre la mesa está la de elevar las provisiones de un 7 a un 30 %, lo que obligará a las entidades a desembolsar 32.000 millones adicionales en un plazo de tiempo determinado, entre uno y dos años.

Para los bancos que no puedan llevarlo a cabo, el Estado -a través del FROB- arbitrará un sistema de coberturas en forma de avales, que permitirá a las entidades realizar las provisiones con menos premura.

Estos avales garantizarán que las pérdidas que puedan producirse en la cartera inmobiliaria estarán cubiertas por el Estado.

Se tratará, en cualquier caso, de una cobertura que no será gratuita, y que obligará a las entidades a pagar una prima anual por ella. Además, las entidades que la disfruten estarán obligadas a presentar planes de saneamiento, que pasarán por la venta de activos o, llegado el caso, por procesos de integración.

Una vez aplicados estos saneamientos, los bancos podrán sacar los bienes inmobiliarios de su balance y traspasarlos a sociedades externas, cuya creación se regulará también hoy. Se trata de 'sociedades de inversión inmobiliaria', según la terminología oficial, que trata de evitar el término de 'banco malo' que tanto rechazó Rajoy durante la campaña electoral y primeros meses de gobierno.

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