El Gobierno portugués encara los últimos seis meses de su rescate financiero moderadamente optimista por la mejora de varios indicadores económicos, aunque envuelto en la incertidumbre de un posible revés del Tribunal Constitucional, que puede invalidar nuevos ahorros del Ejecutivo.
El tímido crecimiento económico en los dos últimos trimestres, el aumento de las exportaciones, la reducción del desempleo en 0,8 puntos porcentuales (hasta el 15,6 %) y el repunte de la inversión fueron los puntos fuertes esgrimidos por el Gobierno conservador.
Sin embargo, el Ejecutivo evitó pronunciarse sobre qué alternativas tomaría para compensar una decisión del Constitucional contraria al recorte del 10 % en las pensiones de los trabajadores públicos con salarios superiores a 600 euros al mes. Los doce jueces del Alto Tribunal tienen hasta este viernes para pronunciarse sobre una medida cuyo objetivo es acercarse a una convergencia entre las pensiones del sector público y las del sector privado.
Con un ahorro tasado en al menos 400 millones de euros, el recorte consta en los planes de saneamiento de las cuentas presentados por Portugal a la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la terna acreedora que le presta 78.000 millones desde junio de 2011.
El viceprimer ministro, Paulo Portas, destacó ayer que 'Portugal cumplirá con la decisión del Constitucional y con la misión externa'. En los dos últimos años, el Constitucional ha considerado ilegales otros recortes del gasto público por valor de varios miles de millones de euros y forzado al Gobierno a idear medidas diferentes como compensación.
Con el visto bueno de ayer, la UE y el FMI conceden al país otros 2.700 millones de euros.
Sin embargo, el Ejecutivo evitó pronunciarse sobre qué alternativas tomaría para compensar una decisión del Constitucional contraria al recorte del 10 % en las pensiones de los trabajadores públicos con salarios superiores a 600 euros al mes. Los doce jueces del Alto Tribunal tienen hasta este viernes para pronunciarse sobre una medida cuyo objetivo es acercarse a una convergencia entre las pensiones del sector público y las del sector privado.
Con un ahorro tasado en al menos 400 millones de euros, el recorte consta en los planes de saneamiento de las cuentas presentados por Portugal a la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la terna acreedora que le presta 78.000 millones desde junio de 2011.
El viceprimer ministro, Paulo Portas, destacó ayer que 'Portugal cumplirá con la decisión del Constitucional y con la misión externa'. En los dos últimos años, el Constitucional ha considerado ilegales otros recortes del gasto público por valor de varios miles de millones de euros y forzado al Gobierno a idear medidas diferentes como compensación.
Con el visto bueno de ayer, la UE y el FMI conceden al país otros 2.700 millones de euros.
