La Audiencia Nacional juzgará al general médico Vicente Navarro y a los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez para determinar si cometieron un delito de falsedad documental al asignar la identidad de 30 de los 62 miembros del Ejército que fallecieron en el accidente del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) cuando regresaba de una misión en Afganistán.
En un auto notificado hoy, el juez Fernando Grande-Marlaska acuerda la apertura del juicio oral, lo que pone fin a más de dos meses de instrucción, e impone a cada uno de los militares la obligación de abonar en el plazo de 24 horas una fianza de dos millones de euros en concepto de las indemnizaciones que la sentencia pudiera asignar a los familiares de los fallecidos por daños morales y materiales, y de la que el Estado se haría responsable con carácter subsidiario.
El magistrado también da diez días a la representación legal de los tres acusados para que formulen su escrito de defensa y propongan las pruebas que consideren oportuno practicar durante el juicio, que se celebrará ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que preside el juez Javier Gómez Bermúdez.
HASTA CINCO AÑOS DE CARCEL.
La Fiscalía pidió una condena de cinco años de prisión para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y cuatro y medio para los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
Al general Navarro también le solicita una multa de 50 euros al día durante 20 meses (30.000 euros) y una inhabilitación especial durante cinco años, mientras que a los otros dos mandos les reclama una cuota diaria de 50 euros durante 16 meses (24.000 euros) y un periodo de inhabilitación de cuatro años.
De igual forma, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, solicita indemnizaciones de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges o personas unidas con análoga relación de afectividad, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea.
Por su parte, la representación legal de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 y otros grupos de familiares de las víctimas solicitaron que las multas ascendieran a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente, y que entre los beneficiarios también estuvieran los hermanos de las víctimas.
De la causa está excluido el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que fue imputado por la representación legal de los familiares de las víctimas pero no por el fiscal ni por el juez. Beltrán dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos.
RELACION DE IDENTIDADES.
En su escrito, el teniente fiscal detallaba la relación de 30 militares a los que presuntamente se les asignó una identidad arbitraria, tal y como corroboraron los análisis de ADN que se realizaron con posterioridad. En este sentido, solicitó que se incorporen al juicio como prueba pericial los informes que a este respecto elaboró el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses.
Burgos reitera de este modo los argumentos que defendió en la vista de apelación que se celebró el pasado 15 de abril, en la que solicitó la reapertura de la causa, que había sido archivada por Grande-Marlaska el 22 de noviembre de 2007. El juez reabrió la investigación el 29 de abril 'por mandato de la superioridad' y apenas unas horas después de que la Sala de lo Penal le obligara a adoptar esta medida.
LOS FAMILIARES EXIGEN ACLARACIONES
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 expresó hoy su 'satisfacción' por la apertura de juicio oral contra los tres militares que presuntamente falsearon 30 de las 62 identidades de los fallecidos en el siniestro, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) en mayo de 2003, y confiaron en que la vista aclare 'quién dio la orden' de acelerar las identificaciones para la inmediata celebración del funeral de Estado.
En declaraciones , el presidente de este colectivo, Pacho González Castilla, señaló que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de poner fin a la instrucción y enviar la causa a la Sala de lo Penal para que la juzgue 'da la razón a las familias sobre un asunto que se archivó en varias ocasiones' y demuestra que sus sospechas 'eran ciertas'.
El presidente de la Asociación, que solicitó que el ex presidente del Gobierno José María y Aznar y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono comparezcan en el juicio como testigos, destacó la necesidad de 'aclarar quién dio la orden para celebrar los funerales de Estado dos días después del accidente, sin que se hubiesen realizado las identificaciones de forma correcta'.
'No se trata de una persona', señaló en relación con Aznar, 'sino de todas aquellas que tienen algo que decir sobre una decisión que corresponde a la Jefatura del Estado'. Del mismo modo, apuntó que los familiares de las víctimas necesitan saber 'de quién partió la orden, qué datos tenían y por qué se movilizó a las familias'. 'Son dudas y cuestiones que no se han aclarado en la fase de instrucción', dijo.
COMPARECENCIA DE LOS FORENSES TURCOS.
En este sentido, confió en que la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que preside el juez Javier Gómez Bermúdez, acepte la lista de testigos propuesta por las acusaciones particulares, entre los que también se encuentra el director del Instituto Forense de Estambul, en el que permanecen los restos de ADN que acreditan que 30 de las identificaciones fueron erróneas.
Entre el casi un centenar de testigos que solicitan la Asociación y otros tres grupos de familiares que se han constituido como acusaciones particulares también se encuentran el teniente general Luis Alejandre Sintes, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra; el teniente general Eduardo González-Gallarza, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire; y el teniente general Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa que dirigió las investigaciones sobre las identificaciones y la posterior exhumación de los cadáveres.
La Asociación de Familias Afectadas y otros tres grupos de familiares personados como acusación particular solicitan seis años de cárcel por un delito continuado de falsedad documental para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
El magistrado también da diez días a la representación legal de los tres acusados para que formulen su escrito de defensa y propongan las pruebas que consideren oportuno practicar durante el juicio, que se celebrará ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que preside el juez Javier Gómez Bermúdez.
HASTA CINCO AÑOS DE CARCEL.
La Fiscalía pidió una condena de cinco años de prisión para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y cuatro y medio para los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
Al general Navarro también le solicita una multa de 50 euros al día durante 20 meses (30.000 euros) y una inhabilitación especial durante cinco años, mientras que a los otros dos mandos les reclama una cuota diaria de 50 euros durante 16 meses (24.000 euros) y un periodo de inhabilitación de cuatro años.
De igual forma, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, solicita indemnizaciones de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges o personas unidas con análoga relación de afectividad, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea.
Por su parte, la representación legal de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 y otros grupos de familiares de las víctimas solicitaron que las multas ascendieran a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente, y que entre los beneficiarios también estuvieran los hermanos de las víctimas.
De la causa está excluido el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que fue imputado por la representación legal de los familiares de las víctimas pero no por el fiscal ni por el juez. Beltrán dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos.
RELACION DE IDENTIDADES.
En su escrito, el teniente fiscal detallaba la relación de 30 militares a los que presuntamente se les asignó una identidad arbitraria, tal y como corroboraron los análisis de ADN que se realizaron con posterioridad. En este sentido, solicitó que se incorporen al juicio como prueba pericial los informes que a este respecto elaboró el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses.
Burgos reitera de este modo los argumentos que defendió en la vista de apelación que se celebró el pasado 15 de abril, en la que solicitó la reapertura de la causa, que había sido archivada por Grande-Marlaska el 22 de noviembre de 2007. El juez reabrió la investigación el 29 de abril 'por mandato de la superioridad' y apenas unas horas después de que la Sala de lo Penal le obligara a adoptar esta medida.
LOS FAMILIARES EXIGEN ACLARACIONES
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 expresó hoy su 'satisfacción' por la apertura de juicio oral contra los tres militares que presuntamente falsearon 30 de las 62 identidades de los fallecidos en el siniestro, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) en mayo de 2003, y confiaron en que la vista aclare 'quién dio la orden' de acelerar las identificaciones para la inmediata celebración del funeral de Estado.
En declaraciones , el presidente de este colectivo, Pacho González Castilla, señaló que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de poner fin a la instrucción y enviar la causa a la Sala de lo Penal para que la juzgue 'da la razón a las familias sobre un asunto que se archivó en varias ocasiones' y demuestra que sus sospechas 'eran ciertas'.
El presidente de la Asociación, que solicitó que el ex presidente del Gobierno José María y Aznar y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono comparezcan en el juicio como testigos, destacó la necesidad de 'aclarar quién dio la orden para celebrar los funerales de Estado dos días después del accidente, sin que se hubiesen realizado las identificaciones de forma correcta'.
'No se trata de una persona', señaló en relación con Aznar, 'sino de todas aquellas que tienen algo que decir sobre una decisión que corresponde a la Jefatura del Estado'. Del mismo modo, apuntó que los familiares de las víctimas necesitan saber 'de quién partió la orden, qué datos tenían y por qué se movilizó a las familias'. 'Son dudas y cuestiones que no se han aclarado en la fase de instrucción', dijo.
COMPARECENCIA DE LOS FORENSES TURCOS.
En este sentido, confió en que la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que preside el juez Javier Gómez Bermúdez, acepte la lista de testigos propuesta por las acusaciones particulares, entre los que también se encuentra el director del Instituto Forense de Estambul, en el que permanecen los restos de ADN que acreditan que 30 de las identificaciones fueron erróneas.
Entre el casi un centenar de testigos que solicitan la Asociación y otros tres grupos de familiares que se han constituido como acusaciones particulares también se encuentran el teniente general Luis Alejandre Sintes, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra; el teniente general Eduardo González-Gallarza, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire; y el teniente general Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa que dirigió las investigaciones sobre las identificaciones y la posterior exhumación de los cadáveres.
La Asociación de Familias Afectadas y otros tres grupos de familiares personados como acusación particular solicitan seis años de cárcel por un delito continuado de falsedad documental para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
