Un hombre se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de cárcel por apuñalar, asfixiar y descuartizar en cuatro partes con una sierra a su compañera de piso, con la que llevaba varios días conviviendo, tras una discusión y arrojar sus restos al mar.
El crimen fue cometido en diciembre de 2007 en la localidad malagueña de Casares cuando el procesado, en el transcurso de una discusión, comenzó a golpearla con el palo de una escoba, la cogió fuertemente de las muñecas y la maniató con una cita adhesiva, según el escrito acusatorio del fiscal, al que ha tenido acceso.
Seguidamente, la apuñaló dos veces por la espalda con un cuchillo que le alcanzó el pulmón y le ocasionó hemorragias pero que no causaron su muerte.
El fiscal mantiene que cuando la mujer se encontraba sin posibilidad de defensa alguna y en estado de semiinconsciencia le tapó la boca y la nariz hasta asfixiarla.
Una vez muerta, el acusado la descuartizó con una sierra en cuatro partes.
En ministerio público mantiene en su escrito acusatorio que tras el crimen arrojó las distintas partes de la víctima, que tenía 49 años y un hijo mayor de edad, al mar.
El acusado está en prisión provisional por esta causa desde el 16 de abril de 2010 y el próximo 17 de septiembre será juzgado por un jurado popular por un delito de asesinato.
Asimismo, el ministerio público reclama que el procesado indemnice con 240.000 euros, más los intereses legales, a los herederos de la fallecida.
Seguidamente, la apuñaló dos veces por la espalda con un cuchillo que le alcanzó el pulmón y le ocasionó hemorragias pero que no causaron su muerte.
El fiscal mantiene que cuando la mujer se encontraba sin posibilidad de defensa alguna y en estado de semiinconsciencia le tapó la boca y la nariz hasta asfixiarla.
Una vez muerta, el acusado la descuartizó con una sierra en cuatro partes.
En ministerio público mantiene en su escrito acusatorio que tras el crimen arrojó las distintas partes de la víctima, que tenía 49 años y un hijo mayor de edad, al mar.
El acusado está en prisión provisional por esta causa desde el 16 de abril de 2010 y el próximo 17 de septiembre será juzgado por un jurado popular por un delito de asesinato.
Asimismo, el ministerio público reclama que el procesado indemnice con 240.000 euros, más los intereses legales, a los herederos de la fallecida.
