El Tribunal Supremo confirmó la condena de cinco años y medio de prisión y seis de inhabilitación impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares contra la expresidenta del Parlament y de UM María Antonia Munar, por delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, a raíz del desvío de 240.000 euros públicos del Consell de Mallorca a una empresa que controlaba, a través de testaferros, junto al exvicepresidente insular Miquel Nadal.
Del mismo modo, el Alto Tribunal ratificó la pena de dos años y siete meses a la que fue condenado Nadal, con quien Munar urdió la trama para defraudar a la Administración. El TS, sin embargo, les absuelve del delito de negociaciones prohibidas por el que les fue impuesta una multa de 54.000 euros. Mientras tanto, a otro de los acusados, Alfredo Conde, le es retirado el de prevaricación, y ve reducida además su condena de tres años a dos años y siete meses.
Y es que, en una sentencia de 115 páginas, la Sala de lo Penal del TS concluye que el papel de Munar no se limitó a intervenir en los expedientes de concesión de dos subvenciones de 120.000 euros desde el departamento de Comunicación del Consell en favor de la productora que controlaba, Vídeo U, sino que se extendía a su 'intencionado propósito de utilizar el dinero público para su beneficio o el de su partido político'. La sentencia subraya que también se considera probada la intervención de Munar en lo que a las falsedades documentales se refiere para poder conceder las subvenciones a la empresa en la que participaba.
Y es que, en una sentencia de 115 páginas, la Sala de lo Penal del TS concluye que el papel de Munar no se limitó a intervenir en los expedientes de concesión de dos subvenciones de 120.000 euros desde el departamento de Comunicación del Consell en favor de la productora que controlaba, Vídeo U, sino que se extendía a su 'intencionado propósito de utilizar el dinero público para su beneficio o el de su partido político'. La sentencia subraya que también se considera probada la intervención de Munar en lo que a las falsedades documentales se refiere para poder conceder las subvenciones a la empresa en la que participaba.
