Socialistas y nacionalistas plantean que la norma estatal debe recurrirse al Tribunal Constitucional.
A La Comisión Ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) aprobó ayer, sólo con el respaldo de los alcaldes del PPdeG, el informe favorable de la ley de medidas urgentes de la Xunta para interpretar la reforma local impulsada por el ministro Cristóbal Montoro y dar respuesta a las dudas de los municipios en su aplicación. Los representantes de PSdeG y BNG votaron en contra.
Entre las principales aportaciones de la Fegamp, la entidad municipalista destacó la "homogeneización" de criterios a la hora de delegar competencias por parte de la Xunta, la flexibilización para determinar qué se consideran como nuevas competencias y la incorporación de un trámite de urgencia para la emisión de informes de sostenibilidad desde la Administración autonómica.
Al respecto, el presidente de la Federación y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, subrayó que ésta es una norma que "dará amparo inmediato" a muchos alcaldes que se están encontrando "dificultades" para seguir prestando servicios públicos que "ya estaban consolidados" en sus ámbitos municipales. Entiende, por tanto, que "garantiza" que los ciudadanos sigan recibiendo esos servicios.
En su informe, la Fegamp destaca la importancia de que los municipios puedan mantener las competencias que venían asumiendo con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma local. Así, las exigencias de sostenibilidad financiera que impone la reforma local se aplicarán para aquellas competencias de nueva asunción.
La Fegamp señaló que, pese a que el informe solo contó con el apoyo popular, recibió "el reconocimiento" del resto de grupos por intentar "enmendar" la situación de "desconcierto" de los municipios por la entrada en vigor de la norma.
RECURSO ANTE EL TC
Los portavoces en la Fegamp de BNG, el alcalde de Allariz, Francisco García, y de PSdeG, el regidor de O Barco de Valdeorras, Alfredo García, ratificaron su voto en contra. En palabras de Alfredo García, ésta es "una mala ley" contra la que solo cabe el recurso ante el TC y no "parches". Con todo, Alfredo García admitió que la norma de la Xunta permite aclarar algunas "lagunas legales" pero sigue "sin ir al fondo de la cuestión" que es que "los municipios tendrán que seguir prestando los servicios sin una adecuada financiación", por lo que la única solución que ven los socialistas es "el recurso".
Frente a ello, Rey Varela defendió que la norma gallega tiene "una inmediatez" en su aplicación y en la resolución de problemas que "no tiene un recurso de inconstitucionalidad", y recordó una vez más el posicionamiento "unánime" del municipalismo autonómico frente a una reforma "que no responde a las singularidades de los ayuntamientos de Galicia".
