Vecinos de Santa Comba entierran ellos mismos a una difunta en un acto ‘ilegal’ para el párroco

La asociación de afectados por la ampliación del cementerio de Santa Comba (A Coruña) exigió la finalización de las obras de construcción de unos nuevos panteones, donde el pasado martes enterraron ellos mismos a una vecina, una actuación ‘ilegal’ para el párroco, que se negó a acompañarlos.
Este colectivo está formado por un centenar de vecinos que compraron dichos panteones en el año 2001, y pagaron el 75 por ciento de su precio, teniendo pendiente el pago del 25 por ciento restante, que abonarán tras la conclusión de unas obras que la constructora ‘se niega a terminar’, según indicó un portavoz de este colectivo, Rafael Suárez.

Una de las familias afectadas por esta situación es la de Celia Suárez, que fue enterrada el pasado martes por los propios vecinos en uno de los citados panteones, después de que el párroco de la localidad, José María Pintos, se negase a acompañar el féretro, por entender que ‘no tenían derecho’ a enterrarla allí, al no ser los ‘los titulares’ del panteón.

El marido de la fallecida, Manuel Suárez, relató que inicialmente acordó dar sepultura a su esposa en el panteón de un familiar, pero, tras darle ‘vueltas a la cabeza’ decidió enterrarla en el nuevo que había adquirido al constructor, puesto que era ‘la ilusión’ de su esposa.

Por ello, solicitó a la funeraria que abriese el panteón 159 -único identificativo con el que cuenta la tumba-, pero le respondieron diciéndoles que ‘no podían tocarlo, porque si no los denunciaban’, por lo que Suárez simplemente les solicitó que dejase el féretro cerca y los materiales para cerrar el nicho.

‘Nosotros la enterramos y nosotros rezamos por ella’, apuntó el viudo, que lamentó que el párroco, José María Pintos, se negase a acompañar al féretro, tras el funeral.

En declaraciones a Efe, Pintos afirmó que lo ocurrido el pasado martes en el camposanto ‘es algo que todos lamentamos’, pero, matizó, que ‘realmente yo no he provocado’.

Pintos esgrimió que los familiares de la difunta ‘no son titulares’ de la citada tumba 159, puesto que ‘sólo contaban con el simple recibo de un contratista’, y ‘ante esta situación, yo no puedo avalar con mi presencia una actuación ilegal’, añadió.

Resaltó que se trata de un cementerio eclesiástico, titularidad del Arzobispado, que es quien expende el título de propiedad, una vez que cumplan ‘los requisitos pertinentes’, como ‘han realizado la gran mayoría -la ampliación se compone de 214 sepulcrosque están utilizando su panteón con normalidad’.

El portavoz de la asociación de afectados Rafael Suárez aseguró que estos requisitos incluyen el pago de 250 euros al Arzobispado, cuando en el ‘trato’ con el constructor, éste ‘se comprometió a entregarnos también este título’.

Pese a ello, aseguró que Pintos ‘se ha negado a entregárnoslo incluso pagando’ a aquellos que tienen pendiente el abono del 25 por ciento final de la obra.

Un porcentaje de aproximadamente 900 euros que se niegan a pagar, puesto que faltan, en la ampliación, las escaleras de acceso, una salida para las aguas pluviales, la pavimentación del suelo, las placas de piedra con los nombres de los propietarios y una rampa de acceso para minusválidos, que no se construyó ‘para hacer otro panteón en su lugar’, denunció Suárez.

Por ello, aseguró que este colectivo presentará una demanda judicial contra el constructor, al entender que ‘se están burlando de nosotros’, a la vez que criticó la ‘prepotencia’ del cura que ‘en vez de volcarse con la parroquia se vuelca con el constructor’.

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