El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, defendió ayer ante la Comisión Europea (CE) la legalidad de las medidas de deportación sistemática de miles de gitanos búlgaros y rumanos a sus países de origen.
La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, y la titular de Justicia, Viviane Reding, recibieron en Bruselas a Besson y al secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche. Tanto a Malmstrom como a Reding les han hecho llegar un informe exhaustivo sobre las deportaciones para que estudien si ha podido ser conculcado algún artículo de la directiva europea de 2004 sobre libre circulación de ciudadanos comunitarios. Bruselas, que incluirá en esa información al análisis político y jurídico que preparan los servicios jurídicos de la CE esta semana, no descarta pedir más detalles a París si lo considera necesario.
Tras la reunión Besson defendió la compatibilidad de las deportaciones con el derecho comunitario, la legislación francesa e, incluso, con 'los valores de la República', y afirmó que se ha seguido 'escrupulosamente' la letra de la ley. Y es que la normativa europea prevé ciertas excepciones a la libertad de circulación, como la amenaza reiterada para el orden público, ser una carga para la Seguridad Social o no tener recursos suficientes para mantenerse en el país de acogida.
PRIMER REVÉS EN LA JUSTICIA
Un tribunal de Lille anuló la orden de expulsión de siete gitanos desalojados el jueves de un terreno que habían ocupado de forma ilegal en las afueras de la ciudad. La corte rechazó la justificación de las expulsiones presentada por la prefectura regional, según la cual la ocupación de un terreno representa una amenaza al orden público.
Tras la reunión Besson defendió la compatibilidad de las deportaciones con el derecho comunitario, la legislación francesa e, incluso, con 'los valores de la República', y afirmó que se ha seguido 'escrupulosamente' la letra de la ley. Y es que la normativa europea prevé ciertas excepciones a la libertad de circulación, como la amenaza reiterada para el orden público, ser una carga para la Seguridad Social o no tener recursos suficientes para mantenerse en el país de acogida.
PRIMER REVÉS EN LA JUSTICIA
Un tribunal de Lille anuló la orden de expulsión de siete gitanos desalojados el jueves de un terreno que habían ocupado de forma ilegal en las afueras de la ciudad. La corte rechazó la justificación de las expulsiones presentada por la prefectura regional, según la cual la ocupación de un terreno representa una amenaza al orden público.
