CASA REZA

Archivada la denuncia por prevaricación contra el alcalde: ‘No existe delito'

Ourense. 10-06-15. Local. Derradeiro Pleno Extraordinario para o recoñecemento de obriga con Proavia. Incidentes ao rematar o pleno co colectivo Stop Desafiuzamentos e diferentes colectivos e veciños de Reza.
Foto: Xesús Fariñas
photo_camera El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, atendiendo a los medios tras el pleno. (XESÚS FARIÑAS)

El juez ve legal el decreto de derribo porque ejecuta una sentencia firme 

El titular del Juzgado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, acordó a primera hora de la mañana de ayer archivar la querella interpuesta por el abogado de la familia de Reza contra el alcalde de la ciudad, Agustín Fernández, al que atribuía un delito de prevaricación. 

El magistrado, quien tuvo conocimiento de la causa que había entrado en su juzgado un día antes, tuvo claro nada más dar lectura a la querella que no procedía por lo que los trámites de admisión y archivo fueron casi simultáneos ya que notificó su decisión a las 09.00 horas de ayer. Tan siquiera estimó oportuno darle traslado al ministerio fiscal para llegar al convencimiento que "no cabe hablar de delito en un caso en el que el Concello no se puede dar licencia a sí mismo para ejecutar una demolición ordenada por sentencia judicial", explica el juez. Más aún, la licencia, en este caso, se sustituye por el propio acuerdo de la junta de gobierno que da cumplimiento a un derribo acordado por un fallo del Contencioso-Administrativo.

En el auto de archivo, el magistrado le recuerda al letrado que sus pretensiones son abusivas y no tienen cabida en al vía penal, instándole a que, si no está de acuerdo con la resolución de la junta de gobierno, tiene la vía administrativa.

La resolución judicial se conoció por la tarde. Por la mañana, el regidor justificaba la orden de derribo en la obligación de cumplir con una sentencia judicial que no deja otra salida. Por ello, pidió "comprensión" a la familia afectada, aunque no concretó si la recibiría en estos días; ya habló con ella, alegó, y además conoce perfectamente su situación por otros miembros del gobierno local y de la Corporación que son amigos de los afectados. 

En todo caso, y aún mostrando su "solidaridad" con la familia, Fernández recalcó que se limitó a cumplir una orden judicial para la que no cabía más demora, porque hay sentencia firme desde 2013 y orden de derribo inmediato desde abril del año pasado. Y mostró su desolación por haber recibido insultos y amenazas en la calle el pasado martes, por primera vez, dijo, desde que es alcalde.

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