Tres semanas después del derrumbe de un edificio en la calle Villa Valencia de la ciudad, en el que perdió la vida un vecino, la junta de gobierno local aprobó ayer un documento de disciplina urbanística en el que constan diversos requerimientos a los propietarios del inmueble, así como la liquidación de los gastos que abonó el Concello derivados, entre otras cuestiones, de la retirada de escombros y que rondan los 30.000 euros.
En el acuerdo se pide a los propietarios que indiquen la distribución de la propiedad, para distribuir los gastos de forma proporcional, y se les advierte de que si no lo hacen en el plazo de cinco días, las cuotas serán iguales para todos.
Además, el acuerdo, basado en un informe técnico, requiere a los dueños del inmueble a que, en el plazo de un mes, retiren del solar los escombros que permanecen en él, así como que se encarguen de los apeos de la medianera colindante en un plazo corto de tiempo. Las indicaciones afectan también a los edificios contiguos, en el sentido de que se insta a los del número 4 (deshabitado) a que realicen un informe técnico para comprobar si puede ser rehabilitado y a los del número 8 a que subsasen una serie de daños. Lo mismo ocurre con una vivienda unifamiliar ubicada en la parte posterior del edificio derrumbado.
Al margen de este acuerdo, los informes municipales apuntan a que el Concello notificó a varios propietarios del edificio derrumbado -incluso al inquilino, el anciano fallecido- el requerimiento de ejecutar obras de seguridad, siendo la primera notificación de mayo de 2010. De hecho, uno de ellos se mostró conforme a la declaración de ruina y aseguró que la intención de los propietarios era llevar a cabo las medidas pedidas por el Concello, aunque posteriormente indicó que algunos propietarios se negaban a cumplirlas.
Además, el acuerdo, basado en un informe técnico, requiere a los dueños del inmueble a que, en el plazo de un mes, retiren del solar los escombros que permanecen en él, así como que se encarguen de los apeos de la medianera colindante en un plazo corto de tiempo. Las indicaciones afectan también a los edificios contiguos, en el sentido de que se insta a los del número 4 (deshabitado) a que realicen un informe técnico para comprobar si puede ser rehabilitado y a los del número 8 a que subsasen una serie de daños. Lo mismo ocurre con una vivienda unifamiliar ubicada en la parte posterior del edificio derrumbado.
Al margen de este acuerdo, los informes municipales apuntan a que el Concello notificó a varios propietarios del edificio derrumbado -incluso al inquilino, el anciano fallecido- el requerimiento de ejecutar obras de seguridad, siendo la primera notificación de mayo de 2010. De hecho, uno de ellos se mostró conforme a la declaración de ruina y aseguró que la intención de los propietarios era llevar a cabo las medidas pedidas por el Concello, aunque posteriormente indicó que algunos propietarios se negaban a cumplirlas.
