El gobierno municipal de Ourense aprobará definitivamente hoy en un pleno extraordinario los presupuestos municipales para 2011, unas cuentas que suman 103,9 millones de euros pero que cuentan con un informe del interventor que pone en duda la legalidad de las mismas, al considerar que adolece de diversas irregularidades, 'contrarias á lexislación aplicable na materia' y que deberían, por ello, ser objeto de corrección antes de la aprobación definitiva.
El nuevo informe de Gonzalo Alonso, sobre las alegaciones planteadas por el PP al anexo de personal y al convenio con la empresa pública Acuanorte -todas ellas, como las dos de la CIG, rechazadas por el gobierno local-, advierte de que las previsiones del equipo gobernante adolecen no sólo de deficiencias en la información a suministrar por imperativo legal, sino que carecen de correlación entre los puestos de trabajo y los créditos de personal y, sobre todo, de que no están presupuestadas en el ejercicio de 2011 todas las plazas previstas.
Es el anexo de personal el que llama más la atención del interventor, que incluso aporta un cuadro con la diferencia presupuestaria entre las cantidades consignadas en el presupuesto para pagar a los funcionarios y el importe de las previsiones de personal.
Ocurre que en apartados como el del personal directivo, en las retribuciones básicas del personal funcionario y en sueldos de varias categorías de trabajadores, así como en complementos específicos y de destino es menor la cantidad contemplada en el proyecto de ejercicio que la que está previsto pagar, aunque el gobierno local ha manifestado ya que nada afectará al cobro de las retribuciones.
Asimismo, el interventor insiste en su rechazo a la fórmula empleada por el Concello para aplicar el convenio con Acuanorte, la empresa que mejorará el abastecimiento de agua a la ciudad y que aportará la financiación a las obras, que después la ciudad abonará en plazos durante 25 años. Alonso considera que esta decisión impide que en el presupuesto a ratificar hoy se recoja la totalidad de los pasivos financieros del Concello, algo contrario, dice, a la propia legislación reguladora de las haciendas locales.
Es el anexo de personal el que llama más la atención del interventor, que incluso aporta un cuadro con la diferencia presupuestaria entre las cantidades consignadas en el presupuesto para pagar a los funcionarios y el importe de las previsiones de personal.
Ocurre que en apartados como el del personal directivo, en las retribuciones básicas del personal funcionario y en sueldos de varias categorías de trabajadores, así como en complementos específicos y de destino es menor la cantidad contemplada en el proyecto de ejercicio que la que está previsto pagar, aunque el gobierno local ha manifestado ya que nada afectará al cobro de las retribuciones.
Asimismo, el interventor insiste en su rechazo a la fórmula empleada por el Concello para aplicar el convenio con Acuanorte, la empresa que mejorará el abastecimiento de agua a la ciudad y que aportará la financiación a las obras, que después la ciudad abonará en plazos durante 25 años. Alonso considera que esta decisión impide que en el presupuesto a ratificar hoy se recoja la totalidad de los pasivos financieros del Concello, algo contrario, dice, a la propia legislación reguladora de las haciendas locales.
