El interventor del Concello de Ourense, Gonzalo Alonso, declaró ayer como testigo en el Juzgado de Instrucción número 2, que investiga el servicio de ayuda a domicilio de la ciudad.
En su declaración, que se prolongó durante unas dos horas, el interventor explicó que el procedimiento de pago de las facturas había seguido el protocolo establecido en las bases del servicio, asegurando que es a los jefes de servicio a los que les corresponde comprobar que las facturas recibidas se corresponden con lo realizado. En este sentido, su declaración se correspondió con lo defendido por el gobierno municipal, que descarta irregularidades en la gestión y en los pagos.
Así, según explicó Gonzalo Alonso, el protocolo incluye que las facturas cuenten con las firmas de la jefa de Servicio y la concejala para después él comprobar si se ajustan a la normativa. Finalmente, el concejal de Hacienda y el oficial mayor son los que dan las órdenes de pago. En el caso de las facturas analizadas en este procedimiento -que se abonaron a la anterior adjudicataria del servicio en 2008- el interventor afirmó que el pago se realizaba en función de la plantilla y las horas que ésta realizaba, en lugar de por trabajos efectivos.
Gonzalo Alonso reconoció que había realizado reparos a algunas facturas emitidas cuando se había finalizado el contrato, durante el tiempo en que se tramitaba una nueva concesión, período que en el que se siguió prestando el servicio en precario para no dañar a los beneficiarios.
A la declaración de ayer ya asistió un letrado en representación de la concejala Marga Martín, personada en el proceso y cuyo ordenador está siendo clonado.
Así, según explicó Gonzalo Alonso, el protocolo incluye que las facturas cuenten con las firmas de la jefa de Servicio y la concejala para después él comprobar si se ajustan a la normativa. Finalmente, el concejal de Hacienda y el oficial mayor son los que dan las órdenes de pago. En el caso de las facturas analizadas en este procedimiento -que se abonaron a la anterior adjudicataria del servicio en 2008- el interventor afirmó que el pago se realizaba en función de la plantilla y las horas que ésta realizaba, en lugar de por trabajos efectivos.
Gonzalo Alonso reconoció que había realizado reparos a algunas facturas emitidas cuando se había finalizado el contrato, durante el tiempo en que se tramitaba una nueva concesión, período que en el que se siguió prestando el servicio en precario para no dañar a los beneficiarios.
A la declaración de ayer ya asistió un letrado en representación de la concejala Marga Martín, personada en el proceso y cuyo ordenador está siendo clonado.
