El juez del Caso Negreira imputa por cohecho al Barcelona y apunta a una "corrupción sistémica"

Joan Laporta.
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El juez considera que en el Caso Negreira se da una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de "posible corrupción sistémica"

La Guardia Civil está registrando este jueves las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) situadas en las dependencias de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas (Madrid) para recabar documentación relacionada con la investigación judicial abierta sobre el caso Negreira.

Efectivos del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona se han personado en torno a las 9:00 horas en la sede de la federación en busca de documentos en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros. En paralelo, el juez instructor ha dictado un auto en el que imputa un delito de cohecho al FC Barcelona, han añadido fuentes jurídicas. Por su parte, fuentes de la investigación han precisado a EFE que el registro continúa y que no se prevén detenciones.

El pasado día 5 el juez de Barcelona que investiga el caso Negreira determinó que si bien no se encontraban indicios de que el FC Barcelona comprara árbitros con el "tradicional método de pago" para un partido concreto, apuntaba una "forma novedosa de posible retribución ilegítima" mediante una "posible corrupción sistémica" al calificar y designar colegiados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona reconoce que, por el momento, no se ha podido averiguar el destino dado por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enriquez Negreira y su hijo a los cerca de 7 millones de euros que les pagó el FC Barcelona entre los años 2001 y 2018.

El juez considera que en este caso se da una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo y el FC Barcelona le pagó unos siete millones de euros, según el club azulgrana para que elaborara informes sobre árbitros y arbitrajes. 

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