Un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense requiere al alcalde, Francisco Rodríguez, que cumpla en un plazo de cinco meses la sentencia que, en diciembre de 2003, ordenaba clausurar la depuradora de Reza al anular la licencia de apertura. El auto establece multas de entre 150 y 1.500 euros para las autoridades o funcionarios que incumplan esta resolución.
De esta forma, como ya ocurriera en otras ocasiones, la Justicia vuelve a fijar una fecha al Concello para la ejecución de la resolución judicial, ante la que la Administración local reitera la imposibilidad de clasurar las instalaciones en tanto no se haya construido unas nuevas. En este sentido, el auto entiende que el cierre de la actual depuradora ocasionaría 'una situación claramente perjudicial para los ciudadanos, que no tienen la obligación legal de soportar las consecuencias de la lentitud de las administraciones'.
NUEVAS INSTALACIONES
El Concello tiene que informar puntualmente al Juzgado de los pasos que está dando la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para construir una nueva depuradora con el propósito de hacer ver a la Justicia que no pretende incumplir la sentencia pero alegando que su ejecución sin contar antes con esas nuevas instalaciones causaría graves consecuencias medioambientales al río Miño.
NUEVAS INSTALACIONES
El Concello tiene que informar puntualmente al Juzgado de los pasos que está dando la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para construir una nueva depuradora con el propósito de hacer ver a la Justicia que no pretende incumplir la sentencia pero alegando que su ejecución sin contar antes con esas nuevas instalaciones causaría graves consecuencias medioambientales al río Miño.
