El autor de la muerte de la joven Laura Alonso en Toén, en agosto de 2009, ha visto rebajada en tres años la pena de prisión impuesta por la Audiencia de Ourense, a raíz de un veredicto con jurado popular, porque no perpetró un asesinato sino un homicidio, con la agravante de abuso de superioridad y parentesco.
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente el recurso de apelación de Javier Cruz González y rebaja de 18 a 15 años la condena por el crimen de la joven de Toén. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro de los cinco días siguientes a la última notificación que se haga.
El alto tribunal gallego lo absuelve del delito de asesinato por el cual fue condenado al revocar la aplicación de la alevosía (cuando a la hora de matar a alguien se emplean medios, modos o formas que tiendan especialmente a asegurar la muerte sin riesgo para el autor derivado de la defensa de la víctima). A juicio de la sala, el jurado en su argumentación mezcló conductas alevosas con otras que no quedaron probadas, aunque el TSXG también precisa que esa cuestión se planteó de forma indebida en el objeto de veredicto, 'con una confusa mezcla de hechos, sobre el que se tuvo que pronunciar el jurado.
Al mismo tiempo, el fallo dice que 'la motivación que indica el jurado relativa a la ausencia de signos de defensa, lugar de ocurrencia del hecho y diferencia física, no son elementos que por sí solos justifiquen la existencia de la alevosía'.
El fallo añade al homicidio la concurrencia de una agravante que 'viene a configurar una cuasi alevosía' -abuso de superioridad- , valorando en la determinación de la extensión de la pena la conducta del acusado, 'que no sólo dio muerte a su víctima, sino incluso se deshizo del cadáver de una forma inhumana abandonándolo en el monte en lugar de no fácil localización'.
Además, de los 15 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, se mantiene que la indemnización para los padres de Laura Alonso en la suma de 200.000 euros, más intereses legales.
Javier Cruz González fue condenado por la muerte, por estrangulamiento, de Laura Alonso en la madrugada del 24 de agosto de 2009. Tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, la Audiencia Provincial de Ourense le impuso la inhabilitación absoluta durante la condena, el pago de las costas procesales y de 200.000 euros a los padres de su víctima, que mantiene el TSXG.
El alto tribunal gallego lo absuelve del delito de asesinato por el cual fue condenado al revocar la aplicación de la alevosía (cuando a la hora de matar a alguien se emplean medios, modos o formas que tiendan especialmente a asegurar la muerte sin riesgo para el autor derivado de la defensa de la víctima). A juicio de la sala, el jurado en su argumentación mezcló conductas alevosas con otras que no quedaron probadas, aunque el TSXG también precisa que esa cuestión se planteó de forma indebida en el objeto de veredicto, 'con una confusa mezcla de hechos, sobre el que se tuvo que pronunciar el jurado.
Al mismo tiempo, el fallo dice que 'la motivación que indica el jurado relativa a la ausencia de signos de defensa, lugar de ocurrencia del hecho y diferencia física, no son elementos que por sí solos justifiquen la existencia de la alevosía'.
El fallo añade al homicidio la concurrencia de una agravante que 'viene a configurar una cuasi alevosía' -abuso de superioridad- , valorando en la determinación de la extensión de la pena la conducta del acusado, 'que no sólo dio muerte a su víctima, sino incluso se deshizo del cadáver de una forma inhumana abandonándolo en el monte en lugar de no fácil localización'.
Además, de los 15 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, se mantiene que la indemnización para los padres de Laura Alonso en la suma de 200.000 euros, más intereses legales.
Javier Cruz González fue condenado por la muerte, por estrangulamiento, de Laura Alonso en la madrugada del 24 de agosto de 2009. Tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, la Audiencia Provincial de Ourense le impuso la inhabilitación absoluta durante la condena, el pago de las costas procesales y de 200.000 euros a los padres de su víctima, que mantiene el TSXG.
