El comité de expertos creado para asesorar al Gobierno en materia de la nueva regulación de las interrupciones de embarazo propuso este jueves que el aborto pase a ser libre -por deseo de la mujer y sin tutela, hasta la semana 14 de gestación. La norma por la que apuestan combina plazos y supuestos, al hilo de las legislaciones de la mayoría de países europeos.
El comité formado por siete expertos de los Ministerios de Presidencia, Justicia, Sanidad e Igualdad, que ha trabajado durante seis meses, presentó este jueves sus propuestas en cuanto a la nueva regulación, en una conferencia de prensa junto a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien avanzó que el informe se elevará mañana al Consejo de Ministros, anunció su intención de que el anteproyecto de Ley se presente 'antes del verano'.
El aborto deberá ser una decisión 'libre e informada', explicó el ginecólogo Javier Salmeán, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Así, el comité pide que la mujer que se decida a abortar reciba información previa sobre las ventajas que supondría continuar con el embarazo y las ayudas que puede recibir, y que se someta a un periodo de reflexión previo no inferior a tres días.
Más allá de la semana 14, los expertos del Gobierno proponen que haya dos indicaciones de carácter restrictivo por las que se pueda abortar: riesgo grave para la vida o la salud de la madre y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En este supuesto, el límite será la semana 22, fijada así como el momento en el que existe viabilidad fetal. En estos casos debería haber un dictamen médico emitido por un profesional distinto al que va a practicar el aborto.
Por último, los expertos contemplan una última posibilidad que permitiría acabar con el embarazo a partir de la semana 22 y en este caso sin límite, en el caso de diagnósticos tardíos que apuntaran a malformaciones del feto incompatibles con la vida, es decir, que su muerte sea segura una vez nacido. En este caso se induciría el parto.
De este modo, se eliminaría el supuesto de riesgo psíquico para la madre, por el que hoy se hace un uso excesivo ya que en el 97 por ciento de los abortos que se practican se alega esta causa, para la que no existe ningún plazo.
Código Penal
Respecto a los aspectos legales, la jurista María Durán se mostró convencida de que una ley que combine plazos y supuestos para abortar será constitucional. Además, los expertos proponen que la que aborte de forma consentida quede fuera del Código Penal. 'Es nuestra opción, pero recomendamos que si no es la opción del Gobierno las penas sean mucho más atenuadas y no se penalice a la mujer por no cumplir con los requisitos legales explícitos'. Por cuanto a terceras personas, es decir, profesionales sanitarios, la propuesta de los expertos insiste en la necesidad de atenuar las penas y que practicar un aborto no sea causa de prisión, aunque el médico deberá ser respetuoso con la ley y continuaría la tipificación penal, pero sin cárcel.
La titular de Igualdad admitió que será necesario modificar el título II del Código Penal. 'El aborto no consentido debe continuar penado', advirtió, así como las terceras personas que participan en abortos ilegales.
Los expertos sugieren que, en un futuro, se regule la objeción de conciencia. Aído aseguró que el médico que quiera acogerse a esta figura podrá hacerlo, sin que suponga un obstáculo en acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria.
Menores
Al hilo de las recomendaciones emitidas por la subcomisión de Igualdad en el Congreso, los expertos también proponen que las menores embarazadas de entre 16 y 18 años no necesiten del consentimiento paterno para poder abortar. Durán recordó que la ley de Autonomía del Paciente ya permite a estas jóvenes decidir sobre cualquier otra intervención quirúrgica, como una ligadura de trompas.
'Es cierto que las jóvenes de 16 años no pueden votar o conducir un automóvil, pero pueden casarse, tener relaciones sexuales o tener responsabilidad penal', recordó Aído por su parte.
En cualquier caso, los expertos quieren que el aborto se contemple en el marco de una nueva ley que, siguiendo una estrategia de salud sexual y reproductiva, aborde la prevención de los embarazos no deseados, especialmente en niñas y jóvenes, con la promoción de la información y el acceso a los métodos anticonceptivos.
Aído aseguró que el gobierno tendrá en cuenta tanto las conclusiones de la subcomisión parlamentaria como éstas del comité de expertos. 'No se trata de hacer una ley más permisiva. Se trata de hacer una ley más segura para proteger a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo con total libertad dentro de los plazos y supuestos'.
A su juicio, con la futura norma habrá más garantías jurídicas, 'no perderá nadie y ganaremos todos'. Admitió que, con un asunto tan delicado no se pueden contentar a todo el mundo, 'pero el Gobierno no puede seguir los criterios fundamentalistas de ningún extremo', apuntó.
El aborto deberá ser una decisión 'libre e informada', explicó el ginecólogo Javier Salmeán, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Así, el comité pide que la mujer que se decida a abortar reciba información previa sobre las ventajas que supondría continuar con el embarazo y las ayudas que puede recibir, y que se someta a un periodo de reflexión previo no inferior a tres días.
Más allá de la semana 14, los expertos del Gobierno proponen que haya dos indicaciones de carácter restrictivo por las que se pueda abortar: riesgo grave para la vida o la salud de la madre y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En este supuesto, el límite será la semana 22, fijada así como el momento en el que existe viabilidad fetal. En estos casos debería haber un dictamen médico emitido por un profesional distinto al que va a practicar el aborto.
Por último, los expertos contemplan una última posibilidad que permitiría acabar con el embarazo a partir de la semana 22 y en este caso sin límite, en el caso de diagnósticos tardíos que apuntaran a malformaciones del feto incompatibles con la vida, es decir, que su muerte sea segura una vez nacido. En este caso se induciría el parto.
De este modo, se eliminaría el supuesto de riesgo psíquico para la madre, por el que hoy se hace un uso excesivo ya que en el 97 por ciento de los abortos que se practican se alega esta causa, para la que no existe ningún plazo.
Código Penal
Respecto a los aspectos legales, la jurista María Durán se mostró convencida de que una ley que combine plazos y supuestos para abortar será constitucional. Además, los expertos proponen que la que aborte de forma consentida quede fuera del Código Penal. 'Es nuestra opción, pero recomendamos que si no es la opción del Gobierno las penas sean mucho más atenuadas y no se penalice a la mujer por no cumplir con los requisitos legales explícitos'. Por cuanto a terceras personas, es decir, profesionales sanitarios, la propuesta de los expertos insiste en la necesidad de atenuar las penas y que practicar un aborto no sea causa de prisión, aunque el médico deberá ser respetuoso con la ley y continuaría la tipificación penal, pero sin cárcel.
La titular de Igualdad admitió que será necesario modificar el título II del Código Penal. 'El aborto no consentido debe continuar penado', advirtió, así como las terceras personas que participan en abortos ilegales.
Los expertos sugieren que, en un futuro, se regule la objeción de conciencia. Aído aseguró que el médico que quiera acogerse a esta figura podrá hacerlo, sin que suponga un obstáculo en acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria.
Menores
Al hilo de las recomendaciones emitidas por la subcomisión de Igualdad en el Congreso, los expertos también proponen que las menores embarazadas de entre 16 y 18 años no necesiten del consentimiento paterno para poder abortar. Durán recordó que la ley de Autonomía del Paciente ya permite a estas jóvenes decidir sobre cualquier otra intervención quirúrgica, como una ligadura de trompas.
'Es cierto que las jóvenes de 16 años no pueden votar o conducir un automóvil, pero pueden casarse, tener relaciones sexuales o tener responsabilidad penal', recordó Aído por su parte.
En cualquier caso, los expertos quieren que el aborto se contemple en el marco de una nueva ley que, siguiendo una estrategia de salud sexual y reproductiva, aborde la prevención de los embarazos no deseados, especialmente en niñas y jóvenes, con la promoción de la información y el acceso a los métodos anticonceptivos.
Aído aseguró que el gobierno tendrá en cuenta tanto las conclusiones de la subcomisión parlamentaria como éstas del comité de expertos. 'No se trata de hacer una ley más permisiva. Se trata de hacer una ley más segura para proteger a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo con total libertad dentro de los plazos y supuestos'.
A su juicio, con la futura norma habrá más garantías jurídicas, 'no perderá nadie y ganaremos todos'. Admitió que, con un asunto tan delicado no se pueden contentar a todo el mundo, 'pero el Gobierno no puede seguir los criterios fundamentalistas de ningún extremo', apuntó.
