La violación de una niña de 12 años disminuida psíquica, por siete menores en Isla Cristina y la de otra, de 13, en Baena también por cinco menores ha vuelto a encender las luces rojas sobre la polémica ley del menor.
Este tipo de agresiones sexuales que hasta hace poco eran solo fenómenos repugnantes pero episódicos, se están convirtiendo en hechos demasiado habituales como para hacer la vista gorda. Ya no vale, como excusa, que no es bueno legislar en caliente, argumento que se suele utilizar a menudo para no coger el toro por los cuernos. Ya no vale apelar a que nuestra ley es la menos mala porque pretende conciliar el carácter rehabilitador de los castigos con su efecto disuasorio. Si este loable argumento al final lo que produce es un efecto perverso, que dota al delincuente de una sensación de impunidad, de que todo vale porque al final no pasa nada, algo se está haciendo mal.
Está claro que un menor de 13 años sabe distinguir perfectamente entre el bien y el mal y es plenamente conciente de sus actos. Hasta el momento la responsabilidad penal empieza a los 14 años de tal modo que niños de 12 o 13 que delinquen no pueden ser castigados penalmente. Con la actual ley en la mano se da la paradoja de que un joven que acaba de cumplir 18 años puede ser castigado por una violación con hasta 15 años de cárcel, mientras que otro a quien le falta una semana para cumplir esta de edad puede estar en libertad tras cuatro años de internamiento en un centro. Mas allá de que urge un cambio en la ley algo falla en una sociedad donde se produce un aumento muy alarmante de los delitos cometidos por menores.
