El ayuntamiento de Vic, en el que CiU, PSC y ERC han decidido negarse a empadronar a inmigrantes sin papeles, ha reabierto una polémica sobre la inmigración que parecía dormida en España. Si en vez de ser estos tres partidos hubiera sido un alcalde popular quien tomara tal iniciativa le habrían llovido acusaciones de xenofobia y racismo pero, al tratarse de socialistas e independentistas, la cosa cambia. El alcalde de la localidad catalana argumenta, para justificar su posición, que, según la ley, todo extranjero que entra en España debe tener su pasaporte visado para acreditar su identidad y él por tanto está obligado a exigirle la documentación.
No es cierto, porque tanto la ley de extranjería como la de bases de régimen local dicen claramente que se debe incorporar en el padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio sin especificar en ningún caso su situación administrativa.
Es verdad que tal como está el patio económico aquellas poblaciones con un alto índice de inmigración amenazada con quedarse en el paro van a encontrarse en una situación complicada. Pero ese ni es argumento ni sería una excusa tolerable para deshacerse del problema a fin de poner orden, tal como ha señalado el alcalde. Ni tampoco el hecho de que no tengan papeles significa que no tengan derechos. Lo que el asunto esconde es que este municipio, donde la población extranjera supera ya el 14 por ciento, tiene en la oposición a un partido abiertamente xenófobo llamado Plataforma per Catalunya, que gana adeptos a diario creando un peligroso caldo de cultivo que el actual alcalde no ignora. Por eso ha tirado de mano dura intentando pescar en un terreno en el que sus adversarios han encontrado su caladero. Además, la decisión de impedir el empadronamiento a los ilegales le crea un serio problema al ejecutivo porque pone el dedo en la llaga en un tema no resuelto, que saca a la luz la desacertada política en materia de inmigración y que ha convertido el empadronamiento en una argucia de quienes no tienen papeles. Todos dicen, y yo comparto, que la actual legislación incita al efecto llamada y de eso sabe mucho el ex ministro Caldera, cuya política de puertas abiertas le costó el cargo. No es de extrañar que tanto la vicepresidenta de la Vega como el ministro Corbacho hayan salido inmediatamente alertando sobre la ilegalidad de la norma aprobada en VIC, lo que extraña es que su partido hermano, el PSC, haya hecho de su capa un sayo, demostrando una vez más que no están dispuestos a someterse ni a la disciplina de Ferraz ni a las órdenes de Moncloa. Montilla, que ha dado sobradas muestras de haberse pasado a las tesis nacionalistas, no ha querido llamar al orden a sus compañeros de partido.
