Estos días, para asombro de propios y extraños, hemos conocido que la troika comunitaria ha exigido al Banco de España que los informes de los inspectores al servicio de la institución figuren en los procedimientos de supervisión de entidades financieras.
En efecto, a pesar de la calidad técnica y del rigor de los informes de estos profesionales, los mandos intermedios del Banco de España parece que hasta no hace mucho podían tener o no en cuenta las opiniones procedentes de los técnicos. Aunque, como cabía esperar, tales hechos son negados por sus responsables, la realidad acredita que muchos de esos informes acerca de las entidades financieras, especialmente de las Cajas de Ahorros, no se tuvieron presentes. Antes, al contrario, los problemas de riesgos, créditos con empresas ruinosas y toda una serie de tropelías y lindezas de este tenor, apenas se cortaron como hemos comprobado dolorosamente en este tiempo.
Pero la cosa no termina aquí. Han tenido que ver los integrantes de la troika europea para recordar a la cúpula del Banco de España que las recomendaciones del supervisor se hagan por escrito, evitando las instrucciones verbales, por cierto de imposible demostración. Igualmente, se han acortado los plazos para las inspecciones extraordinarias de seis meses para evitar las inspecciones 'sine die'.
Pregunta: ¿cómo es posible que en el seno del Banco de España, que en las actuaciones de sus órganos rectores se produjeran estos hechos? ¿Cómo es posible que los informes de los inspectores del Banco de España, elaborados por quienes conocen la realidad de las entidades financieras, pudieran tener el destino que tuvieron muchos de ellos? ¿En virtud de que norma jurídica se pueden censurar o alterar dichos informes? ¿Es que puede existir alguna fuente de Derecho que pueda desconocer la verdad si esta no gusta? ¿Por qué el Banco de España, como tantos entes reguladores, experimentaron en los últimos años una politización de tal naturaleza?
La contestación a estas preguntas es sencilla. Al frente de la institución se han colocado personas interpuestas por los partidos políticos con la misión de controlar determinadas actuaciones de las entidades financieras. Muchas de ellas, fundamentalmente las Cajas de Ahorros, se usaron para toda suerte de operaciones políticas con el fin de recaudar votos y comprar voluntades políticas. Al final, como cabía de esperar, los escándalos hicieron acto de presencia y, como de costumbre por estos pagos, nadie es responsable de nada.
Debiéramos de aprender de las consecuencias que se derivan de estas prácticas. Primero, tener en cuenta los informes avalados por el rigor y la profesionalidad. Segundo, eliminar todo ese mundo de mandos intermedios. Y tercero, que los que toman las decisiones respondan de ellas. Nada más, y nada menos.
