Leo que el juez que instruye el sumario sobre el accidente del tren de Santiago acusa a Adif de dejarse llevar por los intereses comerciales poniendo en riesgo la seguridad de las personas, y me pregunto desde cuándo el juez tiene la facultad de acusar.
Que uno sepa, el juez instruye, imputa a las personas que estima oportuno para otorgar más luz al procedimiento, procesa si encuentra motivos, juzga y sentencia, pero no está entre sus atribuciones acusar porque esa competencia pertenece a otra instancia y quizá esta situación planteada por el instructor de la tragedia de Santiago es un reflejo más de la permanente inestabilidad en la que habita el ordenamiento jurídico español, cuyos comportamientos no hacen otra cosa que contribuir a la desorientación y el despiste de los administrados. A lo mejor es cosa de nosotros los periodistas y nuestra ignorancia del lenguaje jurídico. Quizá donde hemos escrito “acusar” deberíamos haber escrito “recriminar” o “reconvenir”. En cualquier caso y con el manual en estado puro, acusar, lo que se dice acusar, acusa el ministerio público y la acusación particular si los damnificados en un proceso deciden personarse para defender sus intereses con independencia de lo que proponga el fiscal. El juez no tiene por qué atribuirse acusación alguna ni debe. Me pregunto cómo estarán a estas alturas los representantes de la abogacía del Estado que velan por los intereses de Adif sabiendo que en el auto, el primer acusador es el juez antes incluso de que se celebre el juicio. Menudo panorama se les presenta conociendo que la instrucción parte de un planteamiento semejante.
Cabe recordar sin embargo, que algunos jueces que han llevado más lejos de lo deseable el marco de sus competencias han terminado pagándolo caro. A Baltasar Garzón, un conjunto de actuaciones que rebasaban claramente los terrenos que le correspondían y ciertas irregularidades en la instrucción le han costado la carrera, y los propios órganos rectores del colectivo de jueces ha sido inmisericordes con el magistrado Elpidio José Silva, al que han acabado inhabilitando casi de por vida como pasó en su momento con Gómez de Liaño convertido hoy en letrado de Luis Bárcenas.
Por eso, vale más suponer que el juez que instruye el sumario del accidente del tren afea en su auto un comportamiento pero no acusa. Hay que recordar también que el mismo instructor imputó en la causa a 26 personas, que en su mayoría fueron rechazadas por la Audiencia de A Coruña.
