Tras días de manifestación que casi se aproxima a la batalla campal, el alcalde de Burgos ha suspendido, juiciosamente, las obras proyectadas para el bulevar. Decisión acogida con respeto por todos los sectores de la sociedad, excepto por algún componente de la bancada azul del Congreso, que se ha apresurado a manifestar que el regidor burgalés ha claudicado, olvidando que no se trata de una contienda sino de un ejercicio democrático.
El presidente del Ayuntamiento de Burgos tiene por obligación legal mantener la paz y la convivencia entre sus conciudadanos, situación que hasta ahora se encontraba en franco compromiso. Una convocatoria ciudadana de la magnitud de la capital burgalesa supone un indiscutible malestar tanto para el electorado como para la clase política, pero también ingentes pérdidas para la actividad económica además de una situación de desamparo en la que se ven los comerciantes afectados de la zona, que observan con preocupación el riesgo de destrozos en sus establecimientos, al tiempo que la caja no ingresa pese a que los gastos se acumulan. Por lo tanto hay que considerar como una acción encomiable la del primer ciudadano de Burgos, ya que cumplir con su mandato no se puede considerar a juicio de nadie como un retroceso. Por otro lado, este político ha hecho un glorioso ejercicio democrático al comprender que ocupa su puesto por sufragio, y que su obligación no es hacer lo que le venga en gana sin dar el brazo a torcer sino cumplir escrupulosamente con la voluntad popular, que de manera inequívoca se ha manifestado. Así el regidor ha convocado una comisión para dar respuesta a pueblo que lo convirtió en electo. Todo ello sin menoscabo de que los responsables de los destrozos, que es asunto diferente a manifestarse pacíficamente, y que han causado destrozos al patrimonio de todos, deben pagar por ello.
Este es un ejemplo que debieran seguir más de un ministro enrocado en una postura empecinada para aprobar leyes desde su terca visión personal y a espaldas de la realidad popular, escudándose tras la falaz excusa de que cuenta con la mayoría del Congreso. La mayoría permite por supuesto aprobar normas de manera arbitraria, pero no nos engañemos, la mayoría no avala moralmente para aprobarlas. Las urnas dan legitimidad para cumplir con los compromisos electorales, de los que este ejecutivo se ha apresurado a alejarse tanto como del pueblo que administra, baste ver alguna garantía social de los trabajadores y los ciudadanos que aprobaron dictadores como Franco o el general Primo de Rivera, y que el gobierno actual ha desposeído sin escrúpulos, como la cobertura sanitaria universal o la pagas extraordinarias, por poner alguno de los mucho ejemplos.
Desde su posición obcecada y enrocada, titulares de algunos ministerios como educación y justicia, deberían empezar a seguir el paradigma del regidor burgalés, porque a lo que se ve estos ministros han olvidado que ocupan escaño por voluntad popular, aunque ellos estén convencido de que lo hacen por la gracia de Dios.
