Como ciudadanos, hemos asistido a las mayores arbitrariedades por parte del poder, incluso inconcebibles en la fórmula democrática. Por encima de los derechos de los ciudadanos se han primado los de los bancos, obviando que no dejan de ser unas empresas privadas, iguales a las de cientos de miles de pequeños empresarios se han ido a la real mierda, sin que nadie haya movido un dedo por ellas, sobre todo teniendo en cuenta que la culpa ha sido de los bancos y de los que aprueban las leyes. Se ha priorizado a las instituciones públicas y los intereses de políticos concretos, por encima de lo que en justicia correspondería a la ciudadanía y, en definitiva, se ha desmantelado de manera subrepticia una buena parte del estado del bienestar. Con el fin de defender los intereses de los máximos responsables de la crisis, se ha exigido al pueblo un esfuerzo que, salvando las distancias, no dista de aquel que la dictadura exigió a los españoles durante la postguerra y la autarquía.
Y todo ello para que al final aparezca el político de turno jubilado, cesado o apartado, y nos largue su sesgada biografía, y de propina nos diga, como en el caso de Zapatero, que podía haber tomado medidas para evitar la crisis pero que su omisión no se justificó por motivos partidistas, como si alguien que reconoce que nos mintió de la manera más descarada mereciera ahora algún tipo de crédito. Así son las memorias de los políticos: lo más parecido al derecho de pataleta mediante el que el autor se permite justificarse de sus meteduras de pata, todo ello sin que asuma ninguna responsabilidad. Porque si el ex presidente admite que cometió una serie de negligencias con los españoles en lo que a la crisis se refiere, no hace referencia alguna a compensarlos cediendo su patrimonio, como le tocaría a cualquier otro español por bastante menos.
Pero el asombro no ceja cuando más se recortan los derechos simultáneamente a que los servicios públicos caen a la altura del suelo: la educación, la justicia y la sanidad han sido diezmadas de tal manera, que la única conclusión es que se ha dinamitado el estado de bienestar social para que el dinero público se gaste en pagar la deuda de los bancos y en juzgar a servidores públicos que no son otra cosa que punta de iceberg. Me refiero a personajes como Fabra, al que acusan de evasión fiscal y condenan a ingresar en el fisco casi un millón de euros y otro más de multa, pero de quien nadie se pregunta de dónde sacó los dos millones con un sueldo de sesenta mil euros al año; caso análogo a los muchos Bárcenas que pululan por nuestra geografía, especialmente encaramados a diputaciones, gobiernos autónomos y sindicatos.
La conclusión es que se va destapando la atrocidad de millones que se han despistado del bolsillo de los ciudadanos, por supuesto a espaldas de ellos, y mientras el Gobierno aprueba nuevas leyes que limitan cada vez más a los españoles hasta casi la estrangulación legal, seguimos sin que nadie busque, euro por euro, todos los dineros malversados y la identidad de los malversadores; pero sobre todo, sin que nadie haga amago para que esa fenomenal fortuna regrese a las arcas públicas permitiendo un balón de oxígeno a su legítimo propietario: el pueblo.
