Érase una vez una Comunidad de Madrid gobernada durante treinta años por unos señores tan malos que para terminar de fastidiar a los ciudadanos decidieron bajar los impuestos dentro de sus competencias y suprimir Patrimonio, bonificar al 99% Sucesiones y bajar el tramo autonómico del IRPF. Lo hicieron tan mal que crecen por encima de la media española, generan más empleo que la media, recaudan más que la media y aportan al Estado más que la media. Estos desvaríos son tan escrupulosos con la Constitución que cualquier otra comunidad podría seguir sus pasos, aunque apenas nadie se haya atrevido ni a intentarlo.
Lógicamente, esto no podía terminar así. En España solo se puede hacer política con los impuestos si es para subirlos a los “ricos” pero nunca para bajárselos a todos y permitir, por ejemplo, que cada contribuyente madrileño se haya ahorrado 16.500 euros desde 2004. Por algo este país es la anomalía europea manteniendo Patrimonio -el ayusista Zapatero tuvo que recular tras quitarlo entre 2008 y 2011- y por algo desoímos a esa mitad de la UE que tampoco tiene Sucesiones. Qué importará lo que hayan hecho estados anarcolibertarios como Suecia, Dinamarca o Finlandia, que se disparasen las renuncias a heredar o que los economistas lleven años definiendo estas tasas como anacrónicas, confiscatorias y sin capacidad de redistribución.
Una coalición integrada por personas tan preocupadas por España como Rufián empezó a pensar cómo se podría parar los pies a Madrid y un partido en teoría federalista como el PSOE acabó hablando de la recentralización fiscal, en un relato que permite defender el muy progresista sistema foral de Euskadi y Navarra y reforzar las cesiones a los independentistas mientras se quiere acabar con la potestad de las CCAA. De ahí salió la acusación de “dumping fiscal”, una ingeniosa confusión que ya repite hasta Calviño y por la que se urge la “armonización” autonómica, que en la práctica significa acabar con la competencia y castigar a Madrid obviando su ejemplo en la recuperación -creció en el último trimestre de 2020 un intolerable 4,4%, cuatro puntos más que la media nacional-. Y de fondo manosear el efecto capitalidad sin incidir en que la CAM solo se queda con el 22% de lo recaudado y aporta al fondo de solidaridad territorial el doble que la suma de Cataluña -pese a su récord de 19 impuestos propios, cuatro de dudoso encaje legal- y Baleares. El infierno neoliberal generado es de tal calibre que, en contraposición al “Procés”, atraen a miles de contribuyentes y lideran la captación de capital internacional.
Las elecciones de mayo son, por tanto, una gran oportunidad para rescatar a los madrileños, un pueblo tan confundido que incluso suele acabar dando su apoyo en las urnas a los partidos promotores del paraíso fiscal. Será el síndrome de Estocolmo, que por lo visto también sufre ahora el socialista Gabilondo: 40 días después de proponer una subida recaudatoria de 3.600 millones ya jura que si gobierna no tocará ni una coma de la receta impositiva. ¡Qué cosa!
