Los rendimientos de las explotaciones agrarias, el importe y, sobre todo, la distribución de esos 35.700 millones que suponen de las ayudas directas previstas en la reforma de la Política Agrícola Común hasta 2020, en definitiva, los niveles de rentas, son los principales incentivos para que se mantengan en el medio rural agricultores y ganaderos, más allá de la presencia de los llamados neorurales o personas que llegan al campo como una forma de vida, basando su actividad en mini explotaciones de autoconsumo. Es bueno que desembarquen en el medio rural esos nuevos colectivos, que apoyen a una sociedad en muchos casos moribunda, aunque su trabajo no tenga mucho que ve con la de los profesionales del campo. Sin embargo, el vivir o no en ese medio rural en proceso de desertización con cientos de pueblos casi fantasmas, además de esas rentas que permitan una vida digna, requiere de la disponibilidad de una serie de estructuras y de servicios y de una política que favorezca el desarrollo de unas explotaciones más competitivas desde los procesos de producción hasta los de la comercialización.
Esos serían los retos y los objetivos que se plantean con los más de 8.300 millones de euros contemplados en la reforma de la Política Agrícola Común para desarrollo rural hasta el año 2020 que se deben distribuir en base a los planes regionales de cada una de las comunidades autónomas y también del Programa nacional de desarrollo rural que recibió recientemente el visto bueno de las autoridades comunitarias y que contempla un gasto total de 430 millones de euros de los que 238 corresponden a los fondos comunitarios.
Desde la administración central se plantea una batería de 15 actuaciones para el logro de esos retos que, en definitiva, hagan más rentable y sostenible la actividad de agricultores y ganaderos y de ese medio rural.
Dada la mayor rentabilidad de las superficies de regadío, una primera medida contemplada en el Programa nacional es el impulso de la actividad económica del sector apoyando las transformaciones de regadío, con actuaciones de interés general, con la mirada puesta en la orientación de las producciones hacia los mercados. En el mismo marco del agua, objetivo de Agricultura con este Programa es impulsar la modernización de las infraestructuras de regadíos que abastezcan zonas de riego supra autonómicas para lograr una mayor eficiencia en el uso del agua.
En materia de medio ambiente y del cambio climático, se plantea promover la conservación de los recursos genéticos forestales de cara a restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad. Con los mismos objetivos, el Programa contempla apoyar todas las acciones para la prevención de los incendios forestales, junto a la restauración de las zonas afectadas por catástrofes naturales.
Con la mirada puesta en el desarrollo local, se especifica el impulso a la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de cada zona, apoyo a la red de caminos naturales, vías verdes, corredores de desarrollo rural, etc, todo lo cual puede contribuir a crear un importante entramado económico en el medio rural, creando o ampliando estructuras de turismo rural.
Para combatir el cambio climático y el problema grave de la desertificación que aumenta año tras año en la península, se prevé hacer un seguimiento sobre la erosión de los suelos, así como tener un mayor y mejor conocimiento de las prácticas agrarias negativas para el medio ambiente y para el futuro de las propias explotaciones agrícolas, dada la irregularidad de las precipitaciones, donde a la escasez de lluvias siguen fuertes precipitaciones torrenciales que provocan una grave erosión de los suelos, empobreciendo las tierras y anegando ríos y pantanos.
Para la Administración central es fundamental fomentar, con carácter supra autonómico, la colaboración entre la investigación, el sector agrario y forestal y las industrias poniendo en marcha proyectos innovadores. Agricultura entiende que, con el uso hoy de las nuevas tecnologías y las mayores posibilidades que ofrecen las mismas para llevar la información, es posible llevar la innovación, el asesoramiento y la información a pie de cada explotación. Se entiende que, con esos mecanismos, sería posible lograr así ahorro en los gastos en medios de producción para ajustar los mismos, sin merma de eficacia y para mejorar los procesos de comercialización de sus producciones apoyando el desarrollo de los llamados circuitos cortos y en conjunto de la cadena alimentaria. En esa mejoría se hallaría un mejor uso del agua, mejora en la aplicación de los fertilizantes o plaguicidas, el mayor uso de fuentes de energías alternativas, una mayor utilización de subproductos o residuos, etcétera. En esa misma dirección, otro de los objetivos de ese programa es facilitar la innovación y la transferencia de resultados a las explotaciones y a las industrias, así como a los agentes de los sectores agrario y forestal.
Con el objetivo de tener un sector agrario más formado e informado, el programa prevé acciones de asesoramiento a los productores desde las cooperativas, así como de otro tipo de entidades asociativas, el fomento a la innovación para lograr un mayor valor añadido a sus productos, con un mayor peso en la cadena alimentaria, promoción de los mercados locales o canales cortos, las agrupaciones de productores y las organizaciones interprofesionales. El programa mantiene el apoyo a la constitución de Entidades Asociativas Prioritarias, vía la integración de varias cooperativas, dotando a sus directivos de una mayor formación para que los mismos diseñen estrategias y modelos de negocio competitivos. También se contempla el mismo apoyo para mejorar la competitividad de los productores de base.
Siguiendo el proceso de la cadena alimentaria, se contempla el fomento de las inversiones en la transformación y comercialización de los productos agrarios a través de las entidades asociativas ubicadas, en su mayor parte, en las zonas rurales, para operar con un mayor peso en los mercados y garantizar unas rentas más dignas a los productores. En la misma línea, el programa fomentará el aumento de la dimensión económica y la puesta en valor de las producciones de las empresas agroalimentarias, así como una mejora de la capacidad de negociación de las entidades asociativas, con un aumento del volumen de los productos a comercializar, algo que ya se contempla en la Ley para el Fomento de la integración cooperativa. Otra parte de la misma estrategia para dar un mayor peso negociado al sector agroalimentario es el impulso de las alianzas empresariales para operar en unos mercados globalizados. Y, para todo el sistema de producción, desde el campo a la industria, el impulso de medidas para mejorar la eficiencia energética, propiciando el uso de energías alternativas derivadas de la propia actividad agraria y a los medios que se pueden disponer en el mundo rural.
En conjunto, nada nuevo para abordar viejos problemas de la actividad agraria y alimentaria y de ese mundo rural donde debe jugar igualmente un papel clave cada Comunidad Autónoma en función de sus necesidades concretas. Todos los objetivos suenan con total coherencia. Lo fundamental es que las medidas sean eficientes y que se vean de una vez los resultados para la mejora de ese medio rural donde, el trabajo de mejora, no corresponde solamente a la Administración agraria, sino a más departamentos que deben proporcionar más servicios y superar esa situación real, no de imagen, de un espacio abandonado.
