Causan especial rechazo las facturas de la asociación que organiza la fiesta de A Sainza y que preside el anterior alcalde
No volvió a defraudar el pleno que ayer tuvo lugar en el Concello de Rairiz. La decisión, unilateral por parte de su alcaldesa, Josefa Asunción Morgade, de volver a incluir en el orden del día el reconocimiento extrajudicial de crédito con unas facturas que oposición -y algunos miembros de su propio grupo- no dan por buenas, motivó de nuevo un agrio debate que la obligó a dejar ese punto en suspenso y sin someterlo a votación.
La polémica surgió ya en el anterior pleno. Pretendía la actual regidora abonar unas facturas heredadas del anterior alcalde vía reconocimiento extrajudicial de créditos. Sin embargo, tanto tres de los ediles 'populares' como la oposición impidieron que se llevase a efecto. La alcaldesa le comunicó entonces a los proveedores que no había logrado aprobar el pago de dichos importes, cuestión que le ha valido ayer el reproche de uno de sus compañeros de filas, José Antonio Fernández.
Fue ese comentario, al que se sumó el otro edil del PP combativo con la gestión de Morgade Rúa, Manuel Ferreiro, lo que provocó que ese punto quedase de nuevo en suspenso y sin someterse a votación.
Las controvertidas facturas se refieren a los gastos de la romería de A Saínza, evento lúdico que organiza la Asociación A Torrecha, con sede fiscal en el Concello de Rairiz y que tiene por presidente al anterior alcalde, Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio. Entienden los socialistas que "se é unha asociación a que recibe as subvencións para organizala, e a que cobra polos postos que nesa festa se establecen, cómo é que as facturas por esa celebración veñen a nome do Concello?", dice su portavoz Pablo Lorenzo Dorado, quien prosigue afirmando que " tememos que a aprobación destas facturas podería levar a incorrer nun presunto delito de prevaricación e malversación de caudais públicos dado que non temos constancia do diñeiro recaudado pero si das facturas de gastos", asegura.
Por su parte, la alcaldesa se defiende con una rotunda apreciación: "Se esta secretaria-interventora vira algún tipo de irregularidade nestas facturas, de seguro, co respectuosa que é coa legalidade vixente, que xa non permitiría que acabasen no pleno". Lamenta también la regidora que los proveedores, si no se consigue un acuerdo para su pago, "terán que verse obrigados a acudir aos tribunais e reclamalo, co que suporá xa un mínimo dun 20 por cento de recargo".
