El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha avanzado que, en virtud de la Ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación de Galicia, los ayuntamientos emprendedores podrán adherirse a la plataforma digital de la Xunta que funcionará como ventana para ayudarlos en todo el proceso de tramitación de nuevos proyectos empresariales.
Así lo ha trasladado en un encuentro con alcaldes de la provincia de Ourense, a los que les ha explicado que esta plataforma, que impulsará a través del Igape, busca conseguir la mayor agilidad administrativa a las iniciativas que desde el punto de vista industrial y empresarial se vayan a desarrollar en Galicia.
De este modo, Conde ha indicado que la ley establece un plazo de tres meses para emitir informes vinculados a la Administración autonómica y amplía los supuestos de iniciativas empresariales, prioritarias, y proyectos industriales estratégicos teniendo en cuenta las propuestas que sean seleccionadas para optar a los fondos europeos. Así, recoge esta figura para los proyectos de generación eléctrica a partir de renovables cuando estén vinculados al autoconsumo industrial. Conforme explicó, los proyectos eólicos serán considerados "iniciativas empresariales prioritarias" en tres casos: si justifica un compromiso industrial asociado al parque eólico que suponga la creación de un mínimo de 25 empleos, si tienen justificada la totalidad de compromisos industriales derivados de la orden del 29 de marzo del 2010 y si generan un volumen de inversión superior a los 20 millones de euros.
Desarrollo ordenado del sector eólico
Conde aseveró que la ley de reactivación económica garantiza un desarrollo "ordenado del sector eólico" de Galicia por lo que exige el cumplimiento de todas las garantías ambientales y de impacto territorial. Por este motivo, la Xunta informa negativamente de los parques eólicos que se están fuera de las áreas establecidas por el Plan sectorial eólico de Galicia, como los de Carballeda de Valdeorras, Maceda, Laza y A Veiga, tramitados por el Gobierno central.
