El escándalo ha saltado en la Comunidad Valenciana, donde fiscales y policías (que sobre el papel han de garantizar el cumplimiento de la ley) se han enzarzado en una polémica sobre la persecución de los delitos de corrupción en el sentido de su desinterés mutuo a la hora de acometerlos. Un problema extensivo a la generalidad de este país, ante una justicia que no funciona por su desinterés en cuanto a cuestiones de corrupción y delitos económicos.
La controversia resulta descorazonadora por quienes confiamos en unos y otros para poner coto a este tipo de delitos que marcan la vida pública, acrecentando la sensación de impunidad que el ciudadano percibe ante los delitos de guante blanco.
Es bueno recordar que hace unos meses tuvo que dimitir el señor Carlos Dívar, hasta ese momento cabeza visible del órgano más representativo de la Justicia española (tanto el TS como el CGPJ), y que dicha dimisión se produjo casualmente por corrupción. Todo ello como señal inequívoca de que algo grave está pasando en la justicia española. Más si cabe a la hora de unir esfuerzos en perseguir estos delitos, sin tener que esperar a la denuncia del ciudadano.
Es bueno recordar que hace unos meses tuvo que dimitir el señor Carlos Dívar, hasta ese momento cabeza visible del órgano más representativo de la Justicia española (tanto el TS como el CGPJ), y que dicha dimisión se produjo casualmente por corrupción. Todo ello como señal inequívoca de que algo grave está pasando en la justicia española. Más si cabe a la hora de unir esfuerzos en perseguir estos delitos, sin tener que esperar a la denuncia del ciudadano.
