La crónica sobre la pérdida de la mayoría absoluta del grupo de gobierno del PP en Celanova, con el paso al grupo de no adscritos de la concejala Montserrat Álvarez en noviembre de 2012, escribió ayer un nuevo capítulo con la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el Concello de Celanova en el Juzgado número dos de Ourense.
Los demandantes son el alcalde, José Luis Ferro, y los concejales populares Manuel Domínguez, Máximo Losada y Pilar Regueiro, que han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario del pasado mes de julio donde la oposición, aprovechando su mayoría, aprobó la rebaja de las retribuciones de los cargos públicos. Los populares Manuel Recarey, que no estuvo presente en aquella sesión, y Maximino Rodríguez han decidido no secundar el recurso de momento.
El alcalde asegura que esta decisión 'non obedece a intereses económicos', sino al convencimiento de que se ha vulnerado el ordenamiento jurídico 'e os nosos dereitos', matiza. Ferro se basa en un informe de intervención, al que también tuvo acceso la oposición, en el que se alertaba de una serie de errores en el procedimiento como la aplicación de la subida del sueldo en función del IPC (cuando están congelados) o la decisión de que entrase en vigor al día siguiente de su aprobación (sin respetar los tiempos de exposición al público). 'Queremos que se resolva na vía xudicial o que non se poido resolver na administrativa', matiza Ferro, que entiende que 'si eu teño que cumplir a lei, eles tamén'.
INTERESES ECONÓMICOS
La defensa del Concello la llevará la oposición, que mantiene la legalidad del acuerdo tomado por el pleno 'que é soberano', recuerda el portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez. María Jesús Boo, portavoz del PSdeG-PSOE, añadía que no van a dar marcha atrás 'y nos vamos a defender, nosotros y al Concello de Celanova'.
La representante socialista, que adelantó que será José Arcos quien represente al Concello en este contencioso, calificó los hechos como 'un acto de extrema deslealtad, total y absoluta, sobre todo de dos concejales que no han tenido otro medio de vida que el Concello'. Boo Montes entiende que, pese a la rebaja, el sueldo del alcalde con 2.360 euros mensuales, dos pagas extra y un coche oficial, es 'más que digno' y, sobre la supresión de dedicaciones parciales, 'a uno de ellos se le mantiene (Máximo Losada) y, a los otros dos, se les ha metido en comisión de gobierno cobrando casi lo mismo que antes'.
Ante las advertencias del PP sobre la ilegalidad del procedimiento, Rodríguez Puga considera que se trata de 'pecata minuta' y enfatiza que esta situación 'ratifica a posición do grupo de goberno, que se interesa polo seu e nada máis. Sin importarlles o gasto de avogados, procuradores, plenos,... aos que terá que facer frente o Concello'. En la misma línea se manifestaba la edil no adscrita, Montse Álvarez Vispo, que dejaba en manos de la justicia la legalidad o no del acuerdo, 'aunque lo que sí se ve es quien va por el dinero y quien no'.
El alcalde asegura que esta decisión 'non obedece a intereses económicos', sino al convencimiento de que se ha vulnerado el ordenamiento jurídico 'e os nosos dereitos', matiza. Ferro se basa en un informe de intervención, al que también tuvo acceso la oposición, en el que se alertaba de una serie de errores en el procedimiento como la aplicación de la subida del sueldo en función del IPC (cuando están congelados) o la decisión de que entrase en vigor al día siguiente de su aprobación (sin respetar los tiempos de exposición al público). 'Queremos que se resolva na vía xudicial o que non se poido resolver na administrativa', matiza Ferro, que entiende que 'si eu teño que cumplir a lei, eles tamén'.
INTERESES ECONÓMICOS
La defensa del Concello la llevará la oposición, que mantiene la legalidad del acuerdo tomado por el pleno 'que é soberano', recuerda el portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez. María Jesús Boo, portavoz del PSdeG-PSOE, añadía que no van a dar marcha atrás 'y nos vamos a defender, nosotros y al Concello de Celanova'.
La representante socialista, que adelantó que será José Arcos quien represente al Concello en este contencioso, calificó los hechos como 'un acto de extrema deslealtad, total y absoluta, sobre todo de dos concejales que no han tenido otro medio de vida que el Concello'. Boo Montes entiende que, pese a la rebaja, el sueldo del alcalde con 2.360 euros mensuales, dos pagas extra y un coche oficial, es 'más que digno' y, sobre la supresión de dedicaciones parciales, 'a uno de ellos se le mantiene (Máximo Losada) y, a los otros dos, se les ha metido en comisión de gobierno cobrando casi lo mismo que antes'.
Ante las advertencias del PP sobre la ilegalidad del procedimiento, Rodríguez Puga considera que se trata de 'pecata minuta' y enfatiza que esta situación 'ratifica a posición do grupo de goberno, que se interesa polo seu e nada máis. Sin importarlles o gasto de avogados, procuradores, plenos,... aos que terá que facer frente o Concello'. En la misma línea se manifestaba la edil no adscrita, Montse Álvarez Vispo, que dejaba en manos de la justicia la legalidad o no del acuerdo, 'aunque lo que sí se ve es quien va por el dinero y quien no'.
