La Delegación del Gobierno en Galicia, a través de su máximo responsable, José Miñones, tiende la mano a la Xunta de Galicia para apoyar y acompañar “en los trámites que sean necesarios” para continuar la autovía AG-31 desde Celanova hasta la frontera portuguesa de A Madalena (Lobios). Si bien subraya que es el gobierno autonómico quien tiene que asumir la financiación en una vía que es de su “exclusiva competencia”, bien con fondos propios o bien presentando un proyecto “serio y viable” a alguna de las líneas o fondos europeos que se ajusten a esas características
El gran respaldo social, político y empresarial a la iniciativa ciudadana que hoy cumple 50 días y que reivindica completar la AG-31, que en 2023 cumplirá 10 años desde su apertura en el tramo Ourense-Celanova, fue uno de los asuntos que ayer le trasladó el alcalde celanovés, Antonio Puga, en la visita que José Miñones realizó a la villa de San Rosendo. “A continuidade da autovía é clave para nós e seguiremos dando pasos para acadar o obxectivo”, dijo el regidor de Celanova Decide. El delegado del Gobierno se mostró dispuesto a escuchar las demandas de los ayuntamientos, con el objetivo de poder trasladarlas a los ministerios y ver las posibilidades de actuación, incluida la prolongación de la AG-31, pero insistió en que “es el gobierno gallego el que debe afrontar la financiación”.
Una opinión que contrasta con las manifestaciones realizadas en las últimas semanas por la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, quien considera que, al tratarse de una conexión transfronteriza, se debe impulsar desde los gobiernos de ambos países. Vázquez Mourelle, quien ha comprometido 10,3 millones de euros de su departamento para la mejora del trazado actual de la OU-540 en una actuación “compatible” con la futura autovía, también ha cuestionado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya dificultado la mejora de las conexiones del rural, tanto con la nueva Ley de Mobilidad Sostenible, como “impedindo investir os fondos Next Generation na mellora da conexión entre Celanova e a fronteira portuguesa”, dijo.
Ourense-Braga, 60 minutos
Los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), dijo el delegado del Gobierno, están “marcados” con una serie de criterios que no contemplan infraestructuras viarias. No obstante, fuentes de la Delegación del Gobierno recordaban la existencia de otras líneas y mismo con fondos europeos como los FEDER, en los que podría tener cabida esta infraestructura.
Preguntado sobre la posibilidad de entablar conversaciones con el Gobierno luso para ir de la mano en esta mejora viaria, teniendo en cuenta los 27 kilómetros de trazado a mejorar en Portugal hasta la IC-28, Miñones dijo que el Gobierno de España mantiene una relación directa y periódica con su homólogo luso e insistió en que “apoyará siempre cualquier mejora relevante de la interconexión con Galicia, como es este caso, siempre y cuando haya un proyecto serio y viable de la Xunta sobre la mesa. Animamos a la Xunta a presentar un proyecto que sin duda sería un gran avance para la conexión de Ourense y de Galicia con Portugal”.
Completar este eje viario dejaría el polígono de San Cibrao das Viñas a 90 minutos de Oporto (y de su aeropuerto Sá Carneiro) y a 60 de Braga, segunda y tercera ciudades más importantes de Portugal y con tres millones de potenciales visitantes a una hora y media de la oferta turística y termal de Ourense. Una oportunidad también para los vecinos portugueses, que ven como esta vía les acercaría al AVE.
