Los siete ediles que forman la oposición de Celanova, Leopoldo Rodríguez, Herminio Fernández y Gonzálo López del BNG; María Jesús Boo, Antonio Feijoo y María Jesús Miranda del PSdeG-PSOE, y la no adscrita Montse Álvarez, aprovecharon ayer su mayoría en la Corporación (el PP tiene seis concejales) para pedir un pleno extraordinario que devuelva a este órgano las competencias que, en su día, el exregidor, Antonio Mouriño, adjudicó a la junta de gobierno local.
'No me lo esperaba en absoluto', aseguró sorprendido el alcalde, José Luis Ferro, que comentó que 'ya encargue dos informes a los técnicos y también a un asesor externo' para aclarar el tema. Ferro Iglesias, que según la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local tiene 15 días hábiles para convocar el pleno, asegura que 'si tengo que acatarlo, lo acataré y si no, que vayan a los juzgados'. Considera que este traspaso de competencias 'repercutirá económicamente, al tener que convocar más plenos, quitaría agilidad a la actividad municipal'.
Los convocantes consideran que la delegación de competencias 'non é eficaz, existindo retrasos, parálise e unha falla de dilixencia que conlevan unha deficiente dirección da administración' y que, a su vez, el grupo de gobierno 'no goza do respaldo maioritario da Corporación' que ostentaba en el momento de otorgar la delegación.
Por ello, solicitan la devolución al pleno de la facultad como órgano de contratación y aprobación de expedientes de obras o servicios, adjudicación de concesiones o adquisición de inmuebles o concertar operaciones de crédito a largo plazo, entre otros. Con este paso pretenden, además, exponer al pleno una serie de medidas para racionalizar el gasto administrativo y evitar subidas de tasas que afecten a la ciudadanía.
Los convocantes consideran que la delegación de competencias 'non é eficaz, existindo retrasos, parálise e unha falla de dilixencia que conlevan unha deficiente dirección da administración' y que, a su vez, el grupo de gobierno 'no goza do respaldo maioritario da Corporación' que ostentaba en el momento de otorgar la delegación.
Por ello, solicitan la devolución al pleno de la facultad como órgano de contratación y aprobación de expedientes de obras o servicios, adjudicación de concesiones o adquisición de inmuebles o concertar operaciones de crédito a largo plazo, entre otros. Con este paso pretenden, además, exponer al pleno una serie de medidas para racionalizar el gasto administrativo y evitar subidas de tasas que afecten a la ciudadanía.
