Hubo una comida el jueves entre Guardiola, Cruyff y Laporta. Dos días después de aquella reunión se desencadenó todo.
En la rueda de prensa posterior al partido contra el Atlético, el entrenador del Barcelona articulaba un discurso de casi tres minutos defendiendo la gestión de Laporta y su antigua directiva y pidiéndole a la junta actual que no estreche más el cerco sobre el expresidente.
A Laporta se le viene una buena encima. El viernes termina el plazo para que él y su junta avalen ante la Liga de Profesional los 23,2 millones de euros correspondientes a las pérdidas acumuladas por el club al final de su primer mandato.
Jamás pensó que una demanda de un socio anónimo 'vinculado a Sandro Rosell (actual presidente azulgrana) y a 'exnuñistas' rabiosos', como él mismo apuntó, acabaría con una sentencia tan contraria a sus intereses económicos.
Esos 23,2 millones de euros deben ser avalados por Laporta y sus siete directivos afines, los que permanecieron a su lado durante los dos mandatos. En total tocan a 2,9 millones por cabeza. Si no presentan aval bancario o consignan judicialmente esas cantidades en los próximos cuatro días, el juzgado ordenará el embargo de sus bienes.
Laporta es consciente de la influencia que Guardiola ejerce en el barcelonismo, capaz de votar sí al patrocinio de Qatar Foundation sólo porque Pep opine que es un modelo de gestión económica y un referente en derechos humanos.
Guardiola ya no puede hacer nada para evitar la ejecución de esa sentencia, pero quizá pensó que podría influir para que Rosell recapacitara sobre la conveniencia de seguir adelante con la acción de responsabilidad social contra Laporta y su junta.
Lo que no calculó, o tal vez sí, es que su discurso ha dividido aún más al barcelonismo.
A Laporta se le viene una buena encima. El viernes termina el plazo para que él y su junta avalen ante la Liga de Profesional los 23,2 millones de euros correspondientes a las pérdidas acumuladas por el club al final de su primer mandato.
Jamás pensó que una demanda de un socio anónimo 'vinculado a Sandro Rosell (actual presidente azulgrana) y a 'exnuñistas' rabiosos', como él mismo apuntó, acabaría con una sentencia tan contraria a sus intereses económicos.
Esos 23,2 millones de euros deben ser avalados por Laporta y sus siete directivos afines, los que permanecieron a su lado durante los dos mandatos. En total tocan a 2,9 millones por cabeza. Si no presentan aval bancario o consignan judicialmente esas cantidades en los próximos cuatro días, el juzgado ordenará el embargo de sus bienes.
Laporta es consciente de la influencia que Guardiola ejerce en el barcelonismo, capaz de votar sí al patrocinio de Qatar Foundation sólo porque Pep opine que es un modelo de gestión económica y un referente en derechos humanos.
Guardiola ya no puede hacer nada para evitar la ejecución de esa sentencia, pero quizá pensó que podría influir para que Rosell recapacitara sobre la conveniencia de seguir adelante con la acción de responsabilidad social contra Laporta y su junta.
Lo que no calculó, o tal vez sí, es que su discurso ha dividido aún más al barcelonismo.
