La Audiencia Nacional mantendrá la suspensión cautelar de la obligación de las eléctricas de presentar sus compromisos de compra de carbón nacional hasta que el Tribunal Supremo resuelva sus peticiones de anular el decreto que incentiva el uso de este mineral. Iberdrola, Endesa y Gas Natural impugnaron ante este tribunal la resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se establecen las cantidades de carbón a adquirir, los volúmenes de producción y los precios de la energía para 2010.
Las eléctricas entienden que el decreto perjudica a las centrales que funciona con carbón importado y gas natural (ciclos combinados), al tiempo que distorsiona el mercado eléctrico y sólo persigue defender el interés de las empresas mineras en lugar de garantizar el suministro. Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el Gobierno tiene la 'voluntad política clara' de sacar adelante este decreto y ha afirmado también que el Ejecutivo va a 'defender' su posición, incluso 'en los tribunales'.
La Audiencia Nacional ha decidido mantener las medidas cautelarísimas solicitadas por Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa y mantiene la suspensión del desarrollo normativo del Real Decreto del carbón que les obliga a presentar en tres días cartas de compromiso de compra de carbón nacional.
AMPLIACIÓN DE PLAZOS
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional mantiene así la suspensión de esta obligación hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas contra el Real Decreto del carbón. Los jueces de la Audiencia Nacional recuerdan que ya el propio Tribunal Supremo reconoció la 'perentoriedad' del plazo de tres días que establece el Real Decreto, y que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recomendó ampliar dicho plazo a un mes. Las partes tienen cinco días para presentar recurso de reposición.
Las eléctricas recurrieron la resolución de la Secretaría de Estado de Energía del pasado 22 de octubre, fecha a partir de la que comenzaba a contar el plazo de tres días, y en la que se fijaron las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía con el objetivo de incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas.
La Audiencia Nacional acepta así las alegaciones de las eléctricas, que consideran que la obligación de presentar las cartas de compromiso provocaría un daño económico irreversible y distorsionaría el mercado de la energía por la imposibilidad de negociar los precios.
Por su parte, el abogado del Estado defendió que el posible daño económico a las eléctricas no justificaba la retirada del Real Decreto.
El Supremo todavía tardará varias semanas en pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas contra la normativa en su totalidad, ya que el proceso se encuentra en fase de contestación del recurso por las partes. La sentencia sobre el fondo del asunto en litigio podría tardar todavía un año.
La Audiencia Nacional ha decidido mantener las medidas cautelarísimas solicitadas por Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa y mantiene la suspensión del desarrollo normativo del Real Decreto del carbón que les obliga a presentar en tres días cartas de compromiso de compra de carbón nacional.
AMPLIACIÓN DE PLAZOS
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional mantiene así la suspensión de esta obligación hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas contra el Real Decreto del carbón. Los jueces de la Audiencia Nacional recuerdan que ya el propio Tribunal Supremo reconoció la 'perentoriedad' del plazo de tres días que establece el Real Decreto, y que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recomendó ampliar dicho plazo a un mes. Las partes tienen cinco días para presentar recurso de reposición.
Las eléctricas recurrieron la resolución de la Secretaría de Estado de Energía del pasado 22 de octubre, fecha a partir de la que comenzaba a contar el plazo de tres días, y en la que se fijaron las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía con el objetivo de incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas.
La Audiencia Nacional acepta así las alegaciones de las eléctricas, que consideran que la obligación de presentar las cartas de compromiso provocaría un daño económico irreversible y distorsionaría el mercado de la energía por la imposibilidad de negociar los precios.
Por su parte, el abogado del Estado defendió que el posible daño económico a las eléctricas no justificaba la retirada del Real Decreto.
El Supremo todavía tardará varias semanas en pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas contra la normativa en su totalidad, ya que el proceso se encuentra en fase de contestación del recurso por las partes. La sentencia sobre el fondo del asunto en litigio podría tardar todavía un año.
